Como parte de las negociaciones locales de Morena con PRI y PAN, por unanimidad, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó la reforma que reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En la sesión de este miércoles, se informó que el Senado de la República remitió la minuta aprobada la madrugada de éste día, con el fin de que 17 Congresos locales lo avalen para que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue dicho tema.
A favor del tema hablaron Anylú Hernández, coordinadora de Morena, quien agradeció al PRI y al PAN de subir dicho tema para aprobarlo y remitirlo al Senado de la República.
Jesús Elizondo Salazar, Grecia Benavidez, de Morena y Guadalupe Rodríguez, coordinadora del PT, dijeron que aunque no hay muchas comunidades en Nuevo León, las que hay deben atenderlas.
También habló Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, dijo que éste partido ha luchado por los pueblos indigenas y que comiencen a trabajar en la discriminación para que no continúen.
Mauro Guerra, diputado del PAN, dijo que debe garantizarse la justicia para los pueblos indígenas y el derecho a la consulta.
¿Qué se aprobó esta madrugada?
Durante la segunda sesión de este martes en el Senado, los legisladores colocaron en sus escaños letreros en apoyo a la reforma y avalaron con 128 votos a favor y sin cambios, la minuta que modifica diversos artículos de la Constitución, enviada por la Cámara de Diputados.
Además, por unanimidad, con 127 votos a favor, el dictamen fue aprobado en lo particular y los artículos reservados.
¿Qué implica la reforma al artículo 2 de la Constitución?
Con esta reforma se garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Se preserva, difunde y fomenta su cultura, lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza-aprendizaje.
Además, de promover el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
También fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.
De igual modo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para que los pueblos y comunidades las administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.
Asimismo, permite a los pueblos originarios conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes.
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