Congreso rechaza vetos aprobados en materia de seguridad por Samuel García

Los vetos fueron emitidos por el Ejecutivo el pasado 13 de diciembre, argumentando desconocer de dónde podría el Estado obtener mayores recursos para apoyar a familias de policías caídos.

Congreso de Nuevo León en sesión. Foto: Leonel Rocha
Kevin Recio
Monterrey, Nuevo León /

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local,aprobó rechazar dos vetos que consumó el gobernador Samuel García la semana pasada a la Ley de Seguridad y a la Ley de Víctimas del Estado.

En sesión ordinaria de la Comisión, Javier Caballero, presintió de la misma, informó que el gobernador envió sus observaciones a las reformas que fueron aprobadas hace unas semanas.

'Si la reforma que se propone implica un incremento en el presupuesto de egresos, el fin debe ser el mantener el debido equilibrio presupuestal.' dijo Samuel en sus observaciones,

“Le corresponde a los diputados promoventes, a partir de un análisis o examen de la modificación al Presupuesto, solicitar que se apliquen nuevas fuentes de ingresos y plantearlo al Ejecutivo del Estado para su evaluación y análisis y en su caso la propuesta a esa Legislatura y de esta forma cubrir el presupuesto que en su consideración se necesita para cubrir los gastos requeridos en el decreto aprobado.
“En función de todos los argumentos y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo a mi cargo considera que el decreto número 269 no puede ser publicado ni entrar en vigor en los términos aprobados”, apuntó.

El fondo económico fue impulsado por el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, y se creó para los familiares de los policías que, en cumplimiento de su deber, son abatidos “cobardemente” por la delincuencia organizada que constituye un grave problema de inseguridad en Nuevo León.

La reforma, al artículo 198 Bis 13 de la Ley de Seguridad Pública para el estado de Nuevo León.

Sobre la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, reforma la fracción XVI del artículo 75, el primer párrafo del artículo 76 bis, las fracciones II y III del artículo 81, el artículo 116, las fracciones III y IV del artículo 120; se adiciona una fracción XXVI bis al Artículo 4, un artículo 68 bis, una fracción V al artículo 120 y un artlculo 120 bis; y se deroga la fracción IV del Artículo 81, todos de la normativa, dijo que no es válido.

“Si la reforma que se propone implica un incremento en el presupuesto de egresos, a fin de mantener el debido equilibrio presupuestal, le corresponde a los Diputados promoventes, a partir de un análisis o examen de la modificación al Presupuesto, solicitar que se apliquen nuevas fuentes de ingresos y plantearlo al Ejecutivo del Estado para su evaluación y análisis y en su caso la propuesta a esa Legislatura y de esta forma cubrir el presupuesto que en su consideración se necesita para cubrir los gastos requeridos en el Decreto aprobado”, concluyó.

Funcionarios que compartan fotos de un Feminicidio serán sancionados

Por unanimidad de votos, pero con la observación que se dejó fuera una iniciativa de activistas y de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó una serie de reformas, destacando el aumento de las penas cuando los servidores públicos compartan ilegítimamente información o fotos comprendida en carpetas de investigación de feminicidios.

Se acordó que se reforma el delito de fraude para que cuando el beneficio sea en favor de un tercero, también se sancione a este cuando haya tenido conocimiento del hecho delictivo.

La propuesta que fue presentada en su momento por el coordinador del PRI, Heriberto Treviño, establece actualmente que cuando alguien comete fraude sólo se comprueba cuando la persona responsable obtuvo un beneficio directo, pero no se sanciona cuando el beneficiado resulta ser un tercero, lo que representa una laguna de la que se aprovechan los delincuentes.

Con esta reforma se busca combatir la impunidad en uno de los delitos más comunes que aquejan a la ciudadanía, ya que es lamentable que las personas se aprovechen de las necesidades económicas de la población.

También se faculta a las autoridades del estado para que puedan solicitar a concesionarios de telefonía móvil la difusión de boletines o alertas en materia de desapariciones.

“Para que cuando la obtención de imágenes o videos de pornografía infantil se cometa en un plantel educativo o en celebración de actividades académicas, o por persona cometida por mayor persona con quien la victima tenga un vínculo familiar, académico o laboral”, se lee en los dictámenes.

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Al señalar que la estrategia que se planteó, de cobrar por el Servicio de Supervisión Control y Expedición de Constancias de Ingresos a la Base de Datos las Maquinitas de Juegos y Apuestas, no fue la esperada, el pleno del Congreso local aprobó una reforma por derogación que elimina los impuestos por registro de maquinas en los casinos.



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