El Congreso del Estado de México analiza la posibilidad de exhortar al gobierno y al Congreso federal para que restituyan el fondo metropolitano durante el ejercicio 2023 y se mejoren los mecanismos de distribución del recurso.
El punto de acuerdo fue analizado en comisiones a propuesta de la bancada parlamentaria del PRI, donde el diputado Alfredo Quiroz, resaltó que la carencia de este recurso impide llevar a cabo grandes proyectos para una de las zonas metropolitanas más grande del país y del mundo.
Las dudas del correcto ejercicio de diversos fideicomisos, subrayó, no hacen eco en el territorio mexiquense, porque se demostró su correcto uso y utilidad para generar proyectos que benefician a decenas de municipios y delegaciones, tanto en el que comprende el Valle de México como el Valle de Toluca.
Subrayó que existen varios programas centralizados, por lo cual es mejor volver a destinar recursos de manera directa a las 59 zonas metropolitanas, como se hizo desde 2006 hasta el 2020, donde la región más beneficiada de todo el país era la de la Ciudad de México.
En comisiones resaltaron que al menos 57 por ciento de la población vive en grandes conglomerados y era beneficiada con estos recursos y obras que pueden sujetarse a mayor vigilancia para que garanticen el cumplimiento del objetivo de su creación.
Firma electrónica para generar ahorros
La Legislatura del Estado de México analiza dos iniciativas de ley para actualizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de instrumentar la firma electrónica y homologar esta norma con el Reglamento en lo que se refiere a tiempos y garantizar el uso de un lenguaje inclusivo.
La autora de una de las iniciativas de ley que empezaron a discutirse este día en el Congreso local, Rosa María Zetina González dijo que la implementación de la firma digital electrónica de las y los diputados locales mexiquenses contribuirá a garantizar la validez de su documentación digital y al ahorro en insumos.
Esto, tomando en cuenta que cada diputado usa un promedio de 19 mil hojas al año en la generación de documentos y copias, las cuales podrían ser sustituidas de manera electrónica, con la misma validez y certeza que los acuerdos impresos.
Durante los trabajos de las comisiones, indicó que la firma digital tendrá los mismos efectos legales que la autógrafa y permitirá identificar tanto a la o el diputado firmante, además de garantizar la validez y autenticidad de la documentación digital, a través de estas herramientas tecnológicas.
Por su parte, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN) dijo estar de acuerdo, pero anunció observaciones para uno de los artículos con el fin de dejar claro en qué casos la Junta de Coordinación Política puede revocar la firma electrónica de alguno de los diputados o diputadas.
En esta sesión también se conoció la iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez, para incorporar al Reglamento del Poder Legislativo el lenguaje inclusivo, homologarlo con la Ley Orgánica y precisar que corresponde a la o el presidente de la Directiva verificar que la presentación de iniciativas se ajuste a diez minutos, a través de un reloj electrónico o físico.
BAFG