La comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, en el Congreso mexiquense, inició el análisis de la iniciativa de reforma judicial que prevén aprobar este jueves para que rija el proceso electoral del 2028, en el cual se renovará 85 por ciento de los cargos en el Poder Judicial del Estado de México, con nuevas reglas.
Reforma judicial retoma criterios de la legislación federal
Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y Estudios Normativos, consideró que la propuesta del diputado Francisco Vázquez Rodríguez tiene todos los elementos propios de la legislación federal, desde la modificación de las boletas, la reducción de candidaturas y hasta la homologación de criterios de selección de aspirantes.
Con los ajustes en la emisión de la convocatoria y la generación de las leyes secundarias, se tendrá tiempo suficiente para poder cumplir cada una de las etapas del proceso, incluyendo la selección e insaculación de quienes irán en las boletas, donde solo aparecerán dos opciones por cargo.
¿Cuáles son los ajustes?
Los asistentes destacaron que la convocatoria se emitirá a más tardar el 30 de abril; se crea la Comisión Coordinadora para verificar el cumplimiento de los requisitos y establecer evaluaciones y metodologías homologadas, atender criterios de paridad de género.
Se deja claro que las autoridades electorales no podrán modificar los resultados ni la asignación de cargos después de que tomen protesta; la jornada electoral judicial se celebrará en la misma ubicación donde se realicen las elecciones ordinarias federales o locales de ese año; el escrutinio y cómputo de los votos se realizará en la casilla.
Además, en caso de defunción, renuncia, destitución o ausencia definitiva de una persona juzgadora, se declarará vacante el cargo y se renovará en la siguiente elección; el Tribunal aplicará programas de capacitación y actualización permanente; los cargos de las personas juzgadoras que no hayan sido renovadas en la elección judicial del 2025 se deben votar en 2028 y las personas juzgadoras que concluirán su encargo en 2027 permanecerán en funciones hasta el año 2028.
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