El pleno del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Educación de la entidad para garantizar el ingreso a quienes forman parte de los grupos históricamente discriminados al menos 10 por ciento de los espacios en escuelas normales, universidades y tecnológicos de estudios superiores.
La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez señala específicamente a mujeres con discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, para que les sean garantizados sus derechos educativos y la continuidad de su preparación profesional y logren cambiar su nivel de vida.
Esto, operará sólo para las Universidades y Tecnológicos de Estudios Superiores de competencia estatal, así como las Escuelas Normales Públicas del Estado de México, no incluye a la UAEM ni otras instituciones autónomas asentadas en la entidad, donde cada una tiene sus propias reglas de admisión de alumnado de nuevo ingreso para sus escuelas preparatorias y estudios profesionales.
“Se destinarán un porcentaje de por lo menos el diez por ciento de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad” señala el dictamen que se envió al Poder Ejecutivo para que lo publique en la Gaceta de Gobierno y pueda entrar en vigor.
Actualmente sólo la UAEMéx implementa medidas afirmativas, será a partir de la convocatoria actual en la cual apartó 5 por ciento de los lugares en escuelas de nivel medio superior y superior, a partir de una recomendación que le hizo la Comisión de Derechos Humanos, el año pasado por la queja de una alumna de la zona mazahua.
Las y los diputados resaltaron que la equidad, paridad, justicia e igualdad respaldan una propuesta que contribuirá a la transformación estructural del acceso a la educación superior y a la construcción de una sociedad más justa.
Añadieron que el compromiso con la educación inclusiva debe traducirse en acciones concretas y que, con la aprobación de la iniciativa, se hace historia al subsanar desigualdades estructurales mediante la implementación de acciones afirmativas, ya que la reforma tiene un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
Mencionaron que la acción es un acto de justicia y una apuesta a un futuro más equitativo para quienes aspiran a un desarrollo universitario y profesional. El respaldo a la propuesta reafirma el compromiso de su bancada con la inclusión, la justicia social, los derechos humanos y la perspectiva de género.
En los trabajos en comisiones indicaron que más adelante se podría incluir a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en una reforma similar, porque ello disminuye las brechas de desigualdad que tiene la población indígena.
Enfatizaron que la acción afirmativa responde al desafío de la mejora continua en el proceso educativo, al ratificar el compromiso de la inclusión y la justicia social para el desarrollo de las personas, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la perspectiva de género y de interculturalidad que la ley establece.
En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad deberá emitir los lineamientos necesarios para la correcta implementación del decreto correspondiente, en un plazo no mayor a 90 días a partir de su publicación.
kr