El Congreso de Hidalgo avaló una reforma constitucional para homologar a nivel nacional los delitos y sanciones por feminicidio, en una votación unánime de 25 votos. La medida busca establecer criterios mínimos en todo el país para este delito y otros como secuestro, desaparición y extorsión, con el objetivo de evitar disparidades legales entre entidades.
Durante la discusión, la diputada Diana Rangel Zúñiga explicó que la reforma plantea una ley general única que fije los tipos penales y castigos. En tribuna, legisladoras como Johana Montcerrat Hernández advirtieron que el marco legal sigue siendo insuficiente mientras persista la falta de acceso real a la justicia para las mujeres, mientras que Karla Perales Arrieta pidió que las autoridades actúen desde las primeras señales de violencia y consideren a las víctimas indirectas.
En la misma sesión, el Congreso autorizó al municipio de San Agustín Tlaxiaca contratar un financiamiento de hasta 5 millones 481 mil 391.45 pesos, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, destinado a obras y acciones dirigidas a población en pobreza extrema y zonas con alto rezago social.
También se aprobaron modificaciones a las leyes de ingresos de Zimapán y Acatlán para el ejercicio fiscal 2026, que incluyen ajustes en cobros por servicios municipales, desde licencias comerciales hasta derechos por alumbrado público y certificaciones. En paralelo, se avalaron cambios en las tarifas de agua en Ixmiquilpan, donde se fijó en 540.80 pesos la regularización de instituciones públicas y en mil 667.71 pesos la contratación de tomas domésticas.
El paquete legislativo incluyó además reformas a la Ley de Planeación y Prospectiva para armonizar la denominación de autoridades municipales, así como cambios a la Constitución estatal que eliminan la facultad del Instituto Estatal Electoral para fiscalizar ingresos y egresos de candidatos. A esto se sumó una modificación a la Ley de Protección Civil para priorizar riesgos según su impacto y frecuencia.
En el apartado de acuerdos, el Congreso aprobó exhortar a autoridades federales a implementar acciones para erradicar el maltrato hacia personas adultas mayores y reforzar campañas de sensibilización.
La sesión también concentró una batería de iniciativas que abordan desde el desplazamiento interno por desastres naturales y la pérdida de patria potestad por violencia, hasta la regulación de motociclistas, el acceso a la justicia de mujeres defensoras, la tipificación de delitos contra instituciones de seguridad y el uso de multas viales para financiar programas contra adicciones.
Entre otros temas, se propusieron reformas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia, sancionar afectaciones a derechos sexuales y reproductivos, impulsar la cadena productiva del café y reconocer elementos como el pulque, la barbacoa y los tianguis como patrimonio intangible del estado.
En asuntos generales, se formalizó la prohibición del matrimonio infantil en la Constitución estatal y se hicieron llamados a atender la desaparición de personas de la diversidad sexual. Además, se reconoció el trabajo de consejeros electorales y se validaron reformas sobre informes municipales, brecha salarial y cambio climático dentro del marco constitucional estatal.