De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, en sólo un año se duplicó el número de víctimas por trata de personas en el país, al pasar de 127 a 250.
También aumentó la cifra de víctimas menores de edad en 56.8 por ciento, desde el 2011. Destaca que entre ese año y el 2012 sólo siete personas fueron condenadas por el delito de trata de personas y 56 en 2013, lo cual equivale al 20 por ciento de las investigaciones que tenía en curso la Procuraduría General de la Republica.
Dictamen
Lo anterior se dio a conocer en el marco de la discusión e integración del dictamen que regular la participación efectiva de las organizaciones y estatales nacionales e internacionales, encaminada a la planeación, coadyuvar en la ejecución, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir, erradicar la trata de personas; así como a la atención de las víctimas y la detección de probables responsables del delito de trata en el Estado de México.
A propuesta de la diputada local, Ingrid Krasopani Schemelensky, se reforma el artículo 38 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de México, la cual data de noviembre 2013, sólo falta someter a votación el dictamen en el pleno.
Durante la elaboración del dictamen de esta iniciativa la diputada resaltó que, en 2014, durante el mandato de Eruviel Ávila Villegas, se clausuraron en la entidad mexiquense más de mil cien giros negros; situación que desde entonces no se ha vuelto a repetir.
Los diputados avalaron la propuesta de reforma que permite a las organizaciones civiles participar en esta lucha, luego que resaltaron a este como uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido más básico de una sociedad, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privadas de las condiciones más elementales para el desarrollo de vida, a partir de la libertad reconocida por el Estado para auto determinarse.
Se trata, acotó la legisladora, de un fenómeno delictivo de alto impacto social y multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales, perfectamente articuladas en células independientes, pero no desvinculadas, ataca principalmente a personas que se encuentran en los sectores en situación de vulnerabilidad.
LC