La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Nuevo León incurrió en diversas omisiones al no ajustar sus leyes de Responsabilidades Administrativas y de Justicia Administrativa conforme a diversas reformas, entre ellas constitucionales, por lo que tendrá que hacerlo a partir del próximo periodo ordinario de sesiones.
Por mayoría de votos, el Pleno declaró fundadas dos controversias constitucionales presentadas por el municipio de San Pedro Garza García.
Giovanni Figueroa Mejía, ministro ponente, indicó que en la controversia constitucional 114/2024 el municipio impugnó la omisión relacionada con el artículo 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, publicada en el periódico oficial de esa entidad el 7 de junio de 2019.
El togado mencionó que el Congreso local tenía que haber adecuado su normativa local, porque la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 27 de mayo de 2015 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el 18 de julio de 2016, ordenaron a las legislaturas estatales emitir y adecuar su normativa local.
Dijo que si bien el Congreso de Nuevo León cumplió con emitir su ley local de responsabilidades administrativas, fue omiso en adecuarla en lo relativo al recurso de revisión, pues no armonizó ese medio de defensa con lo dispuesto en la ley general.
“En particular, el Congreso local previó indebidamente la tramitación y resolución del recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, a pesar de que la ley general reserva esa competencia únicamente para los recursos contra resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“El proyecto concluye que la omisión relativa derivada de una competencia obligatoria es reprochable al Congreso del Estado de Nuevo León”, expresó.
En la controversia 115, San Pedro Garza García impugnó que el Congreso estatal incurrió en una omisión legislativa relativa en cuanto a la fracción Décimo Quinto del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Nuevo León, publicada el 19 de enero de 2018, tratándose con procedimientos relacionados con faltas administrativas de los servidores públicos.
Este artículo, comentó el ministro, determina de manera distinta a lo establecido en la ley general, que no sea una segunda instancia o un tribunal de alzada el que resuelva el recurso de apelación que se promueva contra las resoluciones de la Sala Especializada, sino que sea la misma Sala la que analice la legalidad de sus propias resoluciones.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien se sumó a la propuesta, destacó que no se podía perder de vista que la resolución del presente asunto tiene un impacto significativo en la correcta implementación de la reforma constitucional en materia de responsabilidades administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción y Tribunales de Justicia Administrativa.
“En este caso existe una deficiencia armonización en el artículo 196, fracción décimo quinta de la Ley de Justicia Administrativa local, al prever la competencia de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa del Tribunal local para conocer del recurso de apelación que se interponga contra sus propias resoluciones. Comparto que tal regulación es un ejercicio legislativo que claramente desnaturaliza la institución jurídica de la apelación prevista en el artículo 215 de la Ley General de la Materia, conforme a la cual debe ser una instancia diferente la que conozca de dicho recurso”, añadió.