Al advertir que se viola la Ley de Fiscalización Superior Estatal, por mayoría, el Congreso de Nuevo León aprobó este lunes la convocatoria para elegir al nuevo auditor Superior del Estado para el periodo 2023-2031.
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Mientras que Iraís Reyes, Sandra Pámanes y Héctor García, de MC, señalaban que se violó la Ley de Fiscalización debido a que se dejaban fuera algunos temas, advirtiendo que PRI y PAN quieren imponer a alguien de sus partidos.
“No me la dieron 48 horas antes como marca la Ley. No hay excusas, no fue turnado este asunto con carácter de urgente, no se puede dispensar del periodo de circulación de dictámenes o acuerdos legislativos.
“Hubo tan poquito tiempo para hacer el análisis de algo tan importante para Nuevo León, como lo es elegir a nuestro auditor, me parece muy vergonzoso que digan que en tres horas es suficiente, no entienden lo que viene o no les importa”, cuestionó Reyes.
La emecista había propuesto una serie de modificaciones que, de acuerdo con ella, eran interesantes y conforme a la normativa citada, y no tenía sesgo como presuntamente se emitió.
Sandra Pámanes, vocera de MC, dijo que esto recaerá en un fondo viciado al tratar el tema con opacidad, pues las mayorías presuntamente acelerarán el tema.
“Nuevamente nos vamos a enfrentar a un proceso completamente fraudulento por parte de la Comisión de Vigilancia en un proceso muy importante como lo es la designación o elección de quien fungirá en los próximos años como titular de la Auditoría Superior del Estado (…) PRI y PAN siguen manejando estas instituciones de manera perversa”, dijo Pámanes.
El nuevo titular suplirá a Jorge Galván González, quien termina en diciembre su periodo de ocho años, tras haber sido nombrado el 14 diciembre de 2015.
Galván fue nombrado entre polémicas y falta de consensos,y entró 18 meses después a la ASE, en sustitución del ex titular, Sergio Marenco, quien murió en el 2014 a causa de la influenza, neumonía y un virus en el pulmón.
Galván, además, ha sido criticado por la Industria Privada y por el Consejo Cívico por la presunta opacidad en las cuentas públicas de la administración del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y de los alcaldes del PRI y PAN.