En medio de una protesta de trabajadores que alegaron retroceso de 30 años, y amenazando que tirarían los desechos en las casas de los diputados, por mayoría, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley de Residuos que busca la privatización de la basura en Monterrey, pues Simeprode no se contempla como autoridad para recolectar la basura en los municipios.
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Durante la sesión, Itzel Castillo, del PAN, destacó que se avaló la creación del Sistema Estatal de Gestión Integral de Residuos, que fungirá como un sistema de coordinación interinstitucional, buscando garantizar la eficiencia en la aplicación de la Ley Propuesta y Generales.
Se establecen programas de prevención y gestión integral de los residuos; los planes de manejo; establece que la recolección deberá estar acorde a la clasificación para el ciudadano, y que la separación en un sitio asegure que su participación ante el sistema garantice la procesabilidad de los residuos.
“Establece la transferencia y procedimiento metódico para fomentar infraestructura municipal hacia la reducción del residuo, así como el aprovechamiento por tecnología, promoviendo el reúso de los residuos”, dijo la diputada.
“Estas instalaciones también permitirán que la recolección sea eficiente, ya que habrá menos afectación en el recorrido, y por ende disminuyan las emisiones ocasionadas en la cadena del residuo, tanto en confinamiento como en el sistema actual”, agregó.
“Es importante considerar que Nuevo León fue pionero en el manejo de residuos, y en la actualidad tiene un retraso substancial en comparación con otros estados y municipios, ya que estos cuentan con infraestructura tecnológica y con sistemas y leyes actualizadas”, apuntó Castillo.
Daniela Puente, de MC, presentó un voto particular con modificaciones a la normativa, que contemplaría a Simeprode en el juego y opere de manera óptima, no en opacidad, sin embargo, no pasó.
Guadalupe Guidi, de MC, manifestó que retrocedían 30 años con la aprobación del tema, pues ahora cada municipio se encargará de la basura, mientras que Luis Susarrey, del PAN, apuntó que no se afectaría a terceros.
Waldo Fernández, de Morena, dijo que se va a poner en mano de personas que no tienen experiencia y que se va a someter a la privatización, al tiempo que 600 familias de trabajadores serán afectadas.
“Independientemente de si se le vuelven a quitar facultad, los primeros lesionados con este dictamen que se está votando van a ser las y los ciudadanos de nuestro estado, particularmente los del área metropolitana, ellos van a pagar caro en las calles”, apuntó Fernández.
Norma Benítez, de MC, acusó que el PRI y PAN quieren llevar a la quiebra a la paraestatal, pues la privatización no es buena idea.
“Quieren llevar a Nuevo León a la quiebra, y sobre todo el desempleo a más de 600 personas, así lo quieren llevar a cabo el PRI y el PAN”, refirió.
Itzel Castillo, del PAN, descartó que se trate de una venganza política, pues la Ley la arrastraron desde la Legislatura pasada.
“No son temas del PRI y PAN, la bancada de MC se la pasa diciendo mentiras, ellos son los mismos y lo van a seguir haciendo, este es un tema que se requiere y se necesita para poder cuidar nuestro medio ambiente, y también olvidemos en el tema cuando no se recibió basura en Guadalupe, no digamos mentiras”, indicó.
Castillo presentó unas reservas al artículo 5, 21, 39 y transitorio primero, las cuales se aprobaron.