El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, señaló que continuarán los procesos por la vía legal para que el gobernador Samuel García Sepúlveda presente un Presupuesto 2023, en lugar del que se ejerció en 2022.
“Me gustaría dejar en claro que el Periódico Oficial y el Presupuesto del Estado de Nuevo León no pueden ser el juguete del gobernador para hacer lo que él quiera.
“Nosotros hacemos una exigencia al gobernador para que ya sea serio y deje de estar jugando a las escondidas, porque está poniendo en riesgo a funcionarios de su Gobierno. Al propio tesorero, a la propia secretaria de Administración. Muchas personas de su Gobierno estarían cayendo en responsabilidades penales por lo que él hizo”.
Este 1 de enero, el gobernador publicó en el Periódico Oficial el Presupuesto de 2022, que se aplicará en este año, luego de no llegar a acuerdos con el Congreso del Estado.
Al respecto, el diputado panista expresó que hay mandato del Poder Judicial de no presentar un Presupuesto de 2022 sin aprobar en el Congreso primero uno de 2023.
“Y si bien el gobernador está diciendo que él no se enteró de esa resolución, porque tiene cerrada la Oficialía de Partes y el Periódico Oficial, lo que sí sabemos es que ya existe una controversia constitucional, porque lo que deja en evidencia que sí tiene conocimiento de ese mandato judicial.
“Ya hay procesos penales por estos juegos infantiles del gobernador contra varios funcionarios.
Nosotros estaríamos haciendo el proceso legal correspondiente, estaremos buscando que se combata por las vías legales este acto del Ejecutivo, que es una burla y deja fuera todo el trabajo que está haciendo el Poder Legislativo”.
Guerra Villarreal añadió que el Poder Ejecutivo contrapone su propios mandatos, “porque ellos dicen que se van de vacaciones en el Periódico Oficial hasta el 2 de enero y hoy 1 de enero deciden abrir el Periódico, deciden publicar una Ley de Egresos de 2022 y además deciden extender las vacaciones”.
Indicó que lo que hicieron hoy en el Gobierno del Estado demuestra que sí podía seguir trabajando el Periódico Oficial, “y que lo que hicieron de cerrar las puertas, de mandar a sus empleados de vacaciones o home office era solo un juego en el tablero que está jugando el gobernador del Estado”.
Concluyó que al final, no se trata de lo que decida un actor, ya sea el Legislativo o Ejecutivo, sino lo que marca la ley, y que esto se respete en todas las instituciones.