Congreso deja sin efecto decreto vetado de ‘El Bronco’ a la ley de transparencia

El decreto buscaba que los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) no debían durar 7 años en el cargo.

Congreso de Nuevo León. Foto: Especial.
Kevin Recio
Monterrey /

Por unanimidad de votos, el Congreso de Nuevo León dejó sin efecto el decreto vetado por el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, que buscaba que los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) no debían durar 7 años en el cargo.

En sesión ordinaria de Pleno, Félix Rocha, del PAN, explicó que el promovente detalló que el Decreto Número 002 aprobado por el Congreso del Estado, mediante el cual se reformó el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de añadir la posibilidad de ampliar el actual periodo de 7 años de duración en el cargo de los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, contraviene los principios y bases contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Viola la normativa correlativa contenida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto la temporalidad del ejercicio del cargo de los comisionados de los órganos garantes en materia de derecho a la información, al establecer la hipótesis por virtud de la cual los comisionados que han concluido su encargo puedan ser nuevamente designados para otro periodo”, se lee en el dictamen.

El Congreso consideró que las leyes locales en materias concurrentes pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos por las leyes generales, pero de dicho mecanismo debe prevalecer la igualdad, proporcionalidad, armonía e igualdad en la entrega y protección de los derechos de cualquier índole frente a la norma federal

“Toda vez para cumplir con el mínimo normativo que marca la ley general, así como el espíritu y sentido por la cual fue creada. Si bien es cierto, que las entidades federativas podrán adecuar las normas a las necesidades de su entorno siempre y cuando no se vulnere lo establecido en el máximo ordenamiento jurídico y la ley general que rige la materia”, concluyó el dictamen.

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