El Paquete Fiscal 2023 que debió entregar el gobierno estatal al Congreso de Nuevo León como máximo el 20 de noviembre tiene dos salidas legislativas para que los diputados lo avalen y no este en riesgo ningún proyecto que afecte el día a día de la ciudadanía.
Asesores legislativos consultados por la plataforma MILENIO-MULTIMEDIOS señalaron que la primera alternativa es aprobar la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular para el ejercicio fiscal del 2023, mientras que el Congreso avalaría su propia Ley de Egresos.
Sin embargo, la Constitución local ni la la Ley Orgánica del Congreso establece una facultad jurídica para que los diputados realicen esta maniobra. Bajo este escenario se prevé que los congresistas lo aprueben la próxima semana, con el fin de que el gobernador Samuel García lo vete y sea estudiado, nuevamente, la semana del 19 al 23 de diciembre para que el Ejecutivo este obligado a publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.
La otra alternativa, dijeron los expertos, es que los legisladores rechacen la Ley de Ingresos y las otras dos normativas, con el fin de que García Sepúlveda ejerza el mismo presupuesto del 2022 para el 2023, y a partir del 2 de enero comiencen, en periodos extraordinarios, las reformas a las leyes citadas.
Con las reformas a las leyes presupuestales, el Congreso podría hacer modificaciones al "presunto" Presupuesto 2023 para que no se vean afectados proyectos de movilidad, carreteras, seguridad, medicamentos, salud, protección a mujeres y los organismos autónomos.
Y aunque el Congreso ha dicho públicamente que no ha recibido otra invitación formal para una reunión presupuestal, Mauro Guerra, presidente del Legislativo, dijo ayer que evalúan las salidas jurídicas para aprobar el Presupuesto.
“Creo que somos el poder legislativo y tenemos facultades de analizar el presupuesto, nosotros tenemos que cumplir la Ley, se esta viendo con la Comisión de Presupuesto y con la áreas jurídicas, no excedernos y no salirnos de lo que si podemos hacer.
“No podemos permitir que se quieran cobrar mas derechos a tienditas, no podemos aprobar lo que se planteó de un 50% de aumento a los Uber, cuando las condiciones en el estado siguen igual o peor que las condiciones de movilidad”, expuso.
Guerra Villarreal dijo que se apegarán a las leyes, por lo que la semana próxima lo analizarán en Comisión, luego Pleno y darán más recursos a los alcaldes de los 51 municipios.
El 7 de noviembre, el gobierno del estado envió al Congreso, "a medias", el Paquete Fiscal 2023 con la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular, las cuales tienen por objetivo cobrar más en Uber, emisión de constancia educativas, alcoholes, casinos y un permiso especial para los autos con placas foraneas.
Días después, el 22 de noviembre, ya fuera de la fecha de la Constitución, el gobierno del estado informó que no se encontraba en posibilidades de presentar el Presupuesto de Egresos 2023.
En un comunicado, la administración del gobernador Samuel García citó la Constitución que señala en su artículo 125, Fracción XIX, que el Ejecutivo presente al Congreso del Estado a más tardar el día 20 de noviembre, el Presupuesto de Egresos del año siguiente.
“De conformidad con lo dispuesto, el Ejecutivo ya entregó con anterioridad, el pasado 7 de noviembre, para análisis y discusión, al Congreso, las siguientes iniciativas que integran el paquete fiscal 2023: Ley de Ingresos, Ley de Hacienda del Estado, Ley del Instituto de Control Vehicular, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León”, justificó.
Dos días después, diputados locales informaron que no llegaron a un acuerdo presupuestal porque el tesorero estatal, Carlos Garza, presuntamente benefició únicamente a los alcaldes de Movimiento Ciudadano.
Tras una hora y 20 minutos de reunión a puerta cerrada, donde prosperaron algunos gritos, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, declaró que no hubo acuerdo y que “tristemente” ven un presupuesto unilateral donde todos los proyectos de los alcaldes del Pacto Nuevo León no vienen contemplados, y tampoco la reforma hacendaria que sube en un 10% las participaciones a los 51 municipios.