Con propuestas de modificación para que la vida no sea reconocida desde la concepción, el reconocimiento del derecho a la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, y agregar los principios de paridad en las elecciones, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso realizó hoy la primera mesa de análisis de la reforma integral a la Constitución de Nuevo León.
En sesión de la Comisión que duró poco más de dos horas, Iraís Reyes, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que llama la atención que en el artículo 4, tercer párrafo, se mantenga la actual disposición, de que “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural…”
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Recordó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de la porción normativa “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente hasta su muerte”.
“En estas condiciones, bajo un enfoque estrictamente jurídico, considerando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una servidora se pronuncia por su eliminación”, apuntó.
Por su parte, Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solicitó que en la reforma se incluya como derechos humanos el derecho a la búsqueda inmediata y a una vivienda digna.
“Existen aspectos en materia de derechos humanos que han sido contemplados por otras entidades federativas recientemente, por lo que se sugiere evaluar, por ejemplo, el elevar a rango constitucional, conforme a la Constitución de Coahuila, la protección de los derechos de las personas víctimas de desaparición.
“Se requiere el reconocimiento de los derechos a buscar y ser buscado... el derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a ser identificada, reintegrada o restituida en forma digna a su núcleo familiar”, apuntó.
Mientras que Héctor García, presidente de la Comisión, dijo que en las próximas semanas se trasladarán a sesionar en el Obispado, secundarias, sindicatos, organizaciones y demás universidades para que nutran la reforma.
Pedro Torres, representante del Poder del Ejecutivo, reconoció que las fuerzas políticas hayan logrado un primer consenso que será mejorable en las 13 mesas de trabajo que harán de aquí a agosto.
“Haremos el viernes una foto y cada uno de los ponentes llevará sus observaciones de fondo y forma, y que vayan muy bien reflexionadas, se tomarán en cuenta recomendaciones internacionales. Creo que hay una gran bondad y la Constitución va estar actualizada con la última sentencia de la Suprema Corte, constitución federal y tratados internacionales”, apuntó.
María Teresa Treviño, presidenta de la COTAI, presentó sus propuestas en el sentido de la protección de datos personales y diversas modificaciones lingüísticas para que los sujetos obligados respondan las solicitudes de transparencia.
Además, se hicieron observaciones respecto al esquema de participación ciudadana y las consultas populares, en cuanto a las facultades del Legislativo y de los órganos autónomos.
Luigi Villegas, presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), dijo que cualquier persona mayor de 18 años y naturalizada como Mexicana podrá ser candidato a diputado.
“Se estima conducente añadir en dicho requisito que la persona podrá ser ciudadana mexicana por nacimiento, o bien, por naturalización.
“Lo anterior, en razón de que se ha establecido que el H. Congreso del Estado no tiene competencia para restringir los derechos que emanan de la nacionalidad mexicana, y acorde a la Constitución Federal los cargos de diputaciones locales de los estados, no se encuentra reservados únicamente a mexicanos por nacimiento.”, enfatizó.
La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dijo que se debe priorizar la preservación de un medio ambiente sano (subrayó que no hay derecho sin obligaciones, como ciudadanos y como gobierno, debe hacerse un énfasis total en el cuidado del agua).
“El derecho a la ciudad (el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justo, inclusivos, seguros, democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna)”, refirió.
La activista Lilia González Amaya enfatizó que la reforma planteada tenía pocos cambios con relación a la actual y dijo que en materia de participación ciudadana debía mantenerse que la CEE avale las consultas.
En el evento estuvieron abogados, académicos, representantes de asociaciones, activistas, alcaldes, legisladores y funcionarios y más de 35 personas conectadas en línea.