La Comisión Jurisdiccional del Congreso local iniciará hoy un juicio político contra el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por haber por haber utilizado en horario laboral a 572 servidores públicos para la recolección de firmas en el proceso electoral del 2018.
Fuentes legislativas revelaron a la plataforma MILENIO-Multimedios que emplazarán a Rodríguez Calderón y a González para que hagan llegar información que a su derecho convenga y el nombre del defensor que los representará en el juicio político que puede ser resuelto en semanas o meses.
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“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito convocar a usted (diputado integrante) a la sesión de trabajo de la Comisión Jurisdiccional, para dar cumplimiento a la Sentencia del Expediente SER-PSC-153/2018, que se llevará a cabo el miércoles 06 de marzo de 2024, a las 11:00 horas, en el Vestíbulo del Recinto Oficial, ubicado en el primer piso del Poder Legislativo”, se lee en la convocatoria emitida.
En septiembre pasado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó al Congreso local que aplicara sanciones por anomalías en la recolección de firmas en beneficio del ex gobernador, quien se perfila como candidato a diputado local por la vía plurinominal por el PVEM.
En aquel entonces se consideró que el Congreso fue omiso en cumplir con la sentencia SREPSC-153/2018, por tal motivo lo emplazaron para que realice las sanciones correspondientes.
El 3 de enero pasado, la diputada de MC, Sandra Pámanes, integrante de la citada Comisión, solicitó que en un plazo de tres días se definiera la sanción, pero esto no sucedió.
¿Qué debe hacer el Congreso?
El Poder Legislativo tiene una serie de pasos que cumplir dentro del proceso:
- El mandato concreto al Congreso local consiste en revisar el marco normativo aplicable al Estado de Nuevo León para que determine si la conducta acreditada por ambos funcionarios públicos encuadra en algún supuesto de responsabilidad.
- Que los supuestos podrían consistir en responsabilidades de carácter político, administrativo o penal.
- Que no existe un mandato forzoso para sancionar por sí mismo a ambos funcionarios, sino que esto dependerá de la revisión que realice el Congreso.
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