Luego de que el gobernador Samuel García y la bancada de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los diputados del PRI, PAN y sin partido por presuntamente violar una suspensión judicial, el presidente del Congreso local, Mauro Guerra, aseguró que no han sido notificados y que ellos seguirán legislando para tratar temas del órgano de procuración de justicia.
Guerra dijo que la denuncia de García no tiene sentido y que esto solo es otro ejemplo de la mala política del titular del Ejecutivo, al tiempo que subrayó que la aprobación de la reforma constitucional para quitarle al gobernador el derecho de veto en la selección del fiscal General de Justicia es solo para admitir a discusión el tema, pues aún no hay nada definitivo.
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“En el Congreso no se ha notificado nada, y cuando esto suceda, se analizará, se contestará en tiempo y forma, se desahogará la audiencia de pruebas y alegatos, y después la autoridad federal determinará lo conducente. El señor gobernador, en lugar de ponerse a trabajar por el bien de Nuevo León, como sí lo hace el Congreso, se dedica a abandonar sus funciones, a cerrar oficinas de Gobierno que deben atender a los ciudadanos, a los alcaldes. Y hace eso para sus intereses personales de bloquear a quienes sí queremos trabajar.
“Lo que se aprobó el 19 de diciembre por la mayoría de los diputados fue la admisión a discusión de varias reformas a la Constitución, y sí, entre ellas está la del procedimiento para nombrar al fiscal, pero repito, la aprobación es solo para admitir a discusión lo que comúnmente se llama primera vuelta, no hay nada definitivo”, señaló.
Los integrantes del Congreso, dijo Guerra en calidad de presidente, están tranquilos porque legislan conforme a derecho y a la facultad que les da la Carta Magna.
Por separado, Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, lamentó que se quiera desviar la atención en esto, cuando el Ejecutivo, por orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe presentar el Presupuesto de Egresos de 2023.
“La suspensión es exclusivamente para no seleccionar un fiscal, se puede legislar de lo que requiramos; ellos están tratando de distraer toda la atención que hoy traen por el tema del Presupuesto 2023, que no han podido avanzar, y al final ellos son los que no cumplieron”, indicó.
Hernán Salinas, dirigente del PAN, dijo que no hay preocupación en los diputados porque la denuncia carece de sustento.
“La denuncia ésa es una cortina de humo más por parte del Ejecutivo para distraer la atención de los verdaderos problemas que hay en Nuevo León. Los legisladores locales en Nuevo León no violaron ninguna suspensión al votarse el dictamen en primera vuelta del dictamen constitucional. El juicio es muy claro, tiene que ver con el proceso de designación del fiscal, no tiene nada que ver con uso de las facultades legislativas que tiene el Congreso para modificar leyes”.
Jessica Martínez, diputada sin partido, dijo en sus redes sociales que Movimiento Ciudadano también participó en la votación de la reforma y, votar en contra, no exime a los diputados de la bancada naranja de responsabilidad.
“Nos denuncia por sesionar en Comisión de Puntos Constitucionales, donde también sesionó y votó el coordinador de MC. Además, por una sesión donde los 42 diputados votamos, hasta MC. ¿Nos denuncia por sesionar o por el sentido del voto? ¿Estamos en el porfiriato?”, criticó en Twitter.
Se buscó una opinión de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, pero no hubo respuesta favorable.