Sin el aval de Morena, 13 senadores de varios partidos presentaron iniciativas de reformas para abrogar la Ley de Seguridad Interior, cuya constitucionalidad es revisada por la Suprema Corte.
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Los senadores aseguraron que “mientras continué la militarización no podrá empezar a construirse la paz y la reconciliación”, por lo que piden su derogación.
En la iniciativa presentada por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, con respaldo de legisladores de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y Partido del Trabajo, se hace notar que entre marzo de 2006 a marzo de 2017 hubo un despliegue de 620 mil 695 militares y marinos en apoyo a las fuerzas de seguridad pública para el combate al narcotráfico.
Lo que derivó en 209 militares fallecidos; 3 mil 907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos; además en ese periodo resultaron heridos mil 184 militares; mil 061 agresores y 213 víctimas ajenas a los hechos heridas. Al tiempo que de acuerdo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional se detuvo a 3 mil 946 agresores.
En tribuna, Álvarez Icaza recordó que el decreto aprobado por la anterior legislatura fue controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por senadores de diversos partidos, entre estos de Morena, por lo que de discutirse hoy nuevamente y ser votada se podría dar marcha atrás y no tener que esperar una resolución del máximo tribunal.
“Esta iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior es un reconocimiento explícito al trabajo de análisis del Colectivo #SeguridadSinGuerra sobre las consecuencias de mantener y profundizar un paradigma fallido de militarización de la seguridad, así como de su esfuerzo sólido e informado para la construcción de propuestas alternativas en el marco de la Constitución para la recuperación de la paz en beneficio de los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren por la violencia epidémica que vivimos”, planteó el ex ombusdman capitalino.
La propuesta contiene dos artículos, por los cuales “el presente decreto abrogará la Ley de Seguridad Interior al día siguiente de su publicación”.
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“El Congreso de la Unión expedirá, en un plazo no mayor a 180 días naturales, un programa calendarizado para la paulatina desmilitarización de las tareas de seguridad pública conforme las condiciones de cada entidad federativa. Este programa deberá ser acompañado de un plan de certificación, capacitación y profesionalización de las instancias de procuración de justicia conforme lo señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, indica.