La diputada local Areli Rubí Miranda Ayala presentó una iniciativa con proyecto de Decreto con el que se faculta al Poder Ejecutivo para otorgar apoyo económico a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio en el estado.
Indicó que a través de la iniciativa se faculta al Ejecutivo estatal el otorgamiento de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio en el estado de Hidalgo aunado a lo que establece el Código Penal con relación a la reparación de daños y perjuicios por feminicidio.
Agregó que se otorgará a cada uno de las y los beneficiarios el apoyo económico por el monto que determine la Secretaría de Finanzas, de conformidad con la disponibilidad y suficiencia presupuestaria del estado, mismos que serán suministrados de forma mensual, siendo dispensadas el último día hábil de cada mes.
Apuntó que el apoyo económico tendrá vigencia hasta que el beneficiario cumpla su mayoría de edad, prorrogable hasta los 25 años de edad siempre y cuando el beneficiario acredite que continúa estudiando.
Mencionó que la Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de emitir los lineamientos que regularán la operatividad de las y los beneficiarios objeto del Decreto, siendo esta la encargada de la coordinación de la entrega del apoyo.
La diputada precisó que, como parte de la iniciativa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) será la encargada de realizar el Registro de Hijas e Hijos de las Víctimas de Feminicidio en el Estado de Hidalgo”, la cual también será la encargada de emitir una Constancia de Reconocimiento de Calidad de Víctima Indirecta de Feminicidio en el estado de Hidalgo.
Miranda Ayala puntualizó que de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género dependiente de la Procuraduría, del 2016 al 2020 se registró la muerte de 263 mujeres, de las cuales 103 han sido tipificados sus homicidios bajo el delito de feminicidio.
“En el mismo periodo por el delito de homicidio 160 de ellas fueron asesinadas, sin cumplir con el protocolo de feminicidio por circunstancias diversas, de las cuales 71 de ellas eran madres, mientras que 69 de ellas fueron asesinadas por su pareja o ex pareja sentimental”, sostuvo.
Señaló que las hijas e hijos de las víctimas por feminicidio no solo se enfrentan al dolor por la crueldad con la que asesinaron a su madre sino que se quedan bajo los estragos de las huellas de violencia previa, indefensión económica y en muchas ocasiones bajo la disputa legal entre la familia materna con la paterna en la búsqueda judicial por su custodia y en donde a veces pierden dicha custodia quien brinda una mayor tranquilidad a dichas víctimas indirectas por no contar con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
“Como legisladores es importante cuidar el interés superior de la niñez y esta propuesta es a favor de las víctimas indirectas por el feminicidio, obedece a que muchas personas lastimadas, suelen repetir el daño, en especial si son niñas y niños que crecen con el dolor de vivir bajo un estado de indefensión y falta de justicia”, aseveró.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Lucero Ambrocio Cruz, turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.
¿Qué dice la Ley General de Víctimas a nivel nacional?
El artículo 9 de la Ley General de Víctimas expresa que se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.