A nombre del Grupo Plural Independiente del Congreso de Hidalgo, la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad de la entidad la cual busca garantizar la inclusión laboral a mujeres con alguna discapacidad promoviendo la perspectiva de género en los centros de trabajo.
La iniciativa plantea que la Secretaría del Trabajo estatal deberá impulsar el desarrollo de estrategias de formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo, que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, promoviendo la perspectiva de género que permita la equidad laboral de las mujeres con discapacidad.
Sosa Jiménez mencionó que las mujeres con discapacidad sufren mayor discriminación en el ámbito laboral y por lo tanto una menor participación en actividades remuneradas, lo que agrava, dijo, la dependencia económica y el riesgo a vivir en situación de pobreza.
Ante ello, puntualizó que la iniciativa tiene como objetivo el garantizar la inclusión laboral a mujeres con alguna discapacidad promoviendo la perspectiva de género en los centros laborales a través del impulso que otorgue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de Hidalgo.
Mencionó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es necesario un doble enfoque para la inclusión de la discapacidad: el primero centrado en los programas o iniciativas específicas que les permitan superar las desventajas o barreras particulares; y el segundo que garantice la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades como la formación profesional, la promoción del empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza.
La legisladora local agregó que datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 70.1 por ciento de las mujeres con discapacidad ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, los tipos más reportados son la psicológica con el 51.6 por ciento, la sexual con el 49.7 por ciento, la física con el 34.7 por ciento y la económica o patrimonial con el 27.4 por ciento.
“En cuestión de trabajo y empleo también existe una amplia brecha entre el marco normativo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y la realidad imperante, pues la tasa de participación económica de la población de 15 años y más sin discapacidad es de 65.7 por ciento, mientras que la de la población con alguna deficiencia es de 39.1 por ciento, teniendo una diferencia profunda de 26.6 puntos porcentuales”, sostuvo.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Luis Ángel Tenorio Cruz, turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.