La Organización de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional advirtieron que el país atraviesa por una severa crisis de derechos humanos y demandaron al Senado concretar un nuevo paquete de reformas en la materia.
“Más allá de establecer estructuras burocráticas para la atención de problemas y casos particulares es indispensable que México cuente con una fiscalía verdaderamente autónoma, que genere certidumbre y confianza en su desempeño mediante el desarrollo de investigaciones confiables, integrales y debidas”, afirmó el ombusdman Luis Raúl González Pérez.
González Pérez advirtió que de no abordar el tema con responsabilidad, cualquier estrategia para combatir la inseguridad, la violencia y la impunidad estará condenada al fracaso.
Ante la presidenta de la nueva comisión de Derechos Humanos, la panista Kenia López, así como especialistas, colectivos de víctimas y ONG´s, González Pérez señaló que la existencia de una fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una real y efectiva división de poderes, así como de los organismos autónomos vinculados a la protección de los derechos humanos “son la mejor garantía de que México no tenga otro 2 de octubre y de que el Estado opte por el desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria”.
En la reunión conducida por el secretario de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, el ombusdman entregó una agenda básica de pendientes al Senado, para ser discutidos, y presentó para su discusión un proyecto de Ley de Desplazamiento Forzado.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, llamó al Senado para desahogar una nueva agenda de reformas, como emitir un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza, crear un registro único de detenciones que permita documentar toda privación de libertad, así como eliminar la figura del arraigo, cuyo dictamen envió la Cámara de Diputados.
Insistió en eliminar la Ley de Seguridad Interior e instalar una Fiscalía General de la República que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas.
Llamó a crear una institución nacional forense, de carácter autónomo y profesional, entre otros ordenamientos.
En tanto, la directora en México de Amnistía Internacional, Tania Renault, criticó que el gobierno saliente no hay querido reconocer la crisis de derechos humanos y dijo que el próximo gobierno deberá admitir que este en un país de victimas, de la indolencia del Estado, de crisis de derechos humanos donde se hace indispensable repensar la relación de las personas con las instituciones del Estado.
El Senado, dijo, tiene una función superior y llamó a convertirse en un mecanismo de control y desahogar una agenda pendiente, al coincidir en que es necesario eliminar figuras como el arraigo y la prisión preventiva, abrogar la Ley de Seguridad Interior y fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, y el Mecanismo de Protección a Periodistas.
OVM