La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que preside la morenista María Wendy Briceño, busca prohibir en el país los concursos de belleza por considerarlos una forma de "violencia simbólica" contra las mujeres, y además las instituciones no podrán asignar recursos públicos para este tipo de espectáculos.
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Durante una reunión virtual, los integrantes de la comisión emitieron su intención de voto a favor de tres dictámenes para incluir la violencia simbólica o mediática, reformas sobre paridad de género y consolidar el concepto de revictimización.
El primer dictamen, conjunta las iniciativas de las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena), María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se pretende incluir la violencia simbólica como uno de los tipos de agresión contra las mujeres, en virtud de que es ejercida ya casi de manera normal y encubre relaciones de poder.
La diputada Briseño dijo que este tipo de violencia puede ser mucho más difícil de erradicar, debido a la dificultad para identificarla y nombrarla. Esta agresión, precisó, no utiliza la fuerza física sino la imposición del poder y la autoridad; es tan sutil que se acepta a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas.
Indicó que la violencia simbólica se ha naturalizado, a partir de las representaciones culturales, lenguaje, arte, teatro, cine, televisión, chistes y bromas.
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“Consideramos que los certámenes o concursos de belleza son eventos, en este sentido, que exhiben a las mujeres mediante patrones socioculturales y bajo estereotipos de género como un instrumento para enaltecer la concepción del cuerpo de la mujer como objeto. Limitan el desarrollo personal de las participantes”.
Con el dictamen se busca definir a la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones, estereotipo, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.
Se prevé considerar en este tipo de violencia simbólica, la realización de concursos, certámenes, o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúa de forma integral o parcial, y con base en estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes.
Las instituciones públicas no podrán asignar recursos públicos, publicidad oficial, subsidios y cualquier tipo de apoyo económico o institucional a la realización de estos espectáculos.
La violencia mediática es la forma de agresión simbólica expresada a través de la publicación o difusión de símbolos, imágenes, mensajes e ideas estereotipadas, a través de los medios masivos y electrónicos de comunicación que de manera directa e indirecta promuevan humillación, explotación, discriminación o violencia contra las mujeres, así como aquellos mensajes, ideas, símbolos e imágenes que naturalicen la relación de inferioridad entre mujeres y hombres.
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Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena, indicó que anualmente en el país se realizan certámenes y concursos de belleza, en donde se reproducen roles de género. Consideró que estos eventos organizados y financiados por gobiernos estatales “para supuestamente promover el turismo, tradiciones y costumbres son una contradicción”, además de que haya recursos para fortalecer esta violencia simbólica.
La diputada del PRI, Cynthia Iliana López Castro manifestó que se hizo un gran trabajo en esta iniciativa. Sin embargo, preguntó si se refiere a sólo recursos públicos, federales y locales, o incluye a privados, y qué sanción existe para quien financie con dinero público un certamen de belleza.
La diputada de Morena, Carmen Patricia Palma Olvera expresó que esta modificación normativa es muy importante; no obstante, propuso regular las frases publicitarias de las campañas políticas, toda vez que, en algunas ocasiones, son sugestivas, así como considerar el tema de la sexualización en los modelos de ropa para niñas.
Su correligionaria, la diputada María Eugenia Hernández Pérez sugirió que se solicite a las instituciones educativas prohibir concursos de belleza, “como los reyes de la primavera”, porque son elementos que fomentan estas prácticas.
PARIDAD EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
El segundo dictamen que recibió intención de voto a favor, reforma diversas disposiciones de 39 ordenamientos, en materia de paridad de género, cuyo objetivo es incorporar, en los tres órdenes de gobierno y en los órganos constitucionales autónomos, el principio de paridad de género para la designación de autoridades en las máximas estancias de decisión y prever mecanismos que lo permitan en los órganos colegiados.
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Briceño Zuloaga explicó que para esta iniciativa se contemplaron la reforma de 63 leyes, de las cuales 24 han sido observadas con anterioridad y se dictaminan los 39 ordenamientos restantes; dijo que son de gran relevancia para retomar los temas en materia de igualdad y paridad.
Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez destacó la actividad de la comisión para fortalecer la iniciativa, porque, consideró, es de suma relevancia para los trabajos en materia de paridad que se llevan a cabo en la Cámara.
CONSOLIDAR EL CONCEPTO DE REVICTIMIZACIÓN
El tercer dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Madeleine Bonaffoux Alcaraz y el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrantes del grupo parlamentario del PAN, a fin de consolidar el concepto de revictimización, para que se respeten los derechos humanos y sean parte de la solución y acompañamiento como política pública de Estado.
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Wendy Briceño precisó que la adición de una fracción 10 al artículo 52 de la citada ley, pretende que durante la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección, el Ministerio Público deberá manifestar las razones de género, por las que la vida o integridad corporal de las víctimas pudiera encontrarse en riesgo.
La diputada Madeleine Bonaffoux Alcaraz (PAN) mencionó que las mujeres deben encontrar en el Estado mexicano a un aliado; por ello, dijo, es necesario legislar a fin de que el Ministerio Público, durante la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección, tenga la obligación de manifestar las razones de género cuando la vida e integridad corporal de las víctimas pudiesen encontrarse en riesgo.
CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES
Además, se informó que continuará el análisis de las iniciativas de las diputadas de Morena, Mildred Concepción Ávila Vera y María Wendy Briceño Zuloaga, que buscan reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia para Mujeres, cuyo objetivo es robustecerlos.