Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología (Facdyc) de la UANL presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil de Nuevo León, a fin de eliminar el concepto de corrección mesuradamente -como golpes, nalgadas, estirón de cabello- contra infantes, para que los padres o tutores orienten y eduquen sin violencia.
En conferencia de prensa en el Congreso local, acompañados de Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien los asesoró en términos legislativos; Adriana González Sánchez, talento universitario de Facdyc, dijo que el fin es proteger el cuidado y la protección de los infantes, reformando el artículo 423 del Código Civil.
“Se menciona corregir mesuradamente los padres y tutores, tienen el derecho a corregir mesuradamente a los infantes, lo que queremos plantear con esta reforma es que no exista ningún tipo de violencia hacia los infantes, son los más indefensos, que la justicia esté con ellos.
“No violencia física, sexual o mental ni emocional, ningún tipo de violencia a quienes ejercen una patria potestad, las jueces y jueces van a dar el castigo suficiente a quienes ejerzan un tipo de violencia”, dijo la estudiante de Derecho.
González Sánchez señaló que la Fiscalía de Nuevo León arroja que, en lo que va del 2022, hay un reporte de 18 delitos contra infantes.
Iraís Reyes explicó que no es punitiva la iniciativa y lo que busca es orientar en materia civil, para que los padres pueden hacer, educar u orientar pero no pueden ejercer violencia contra ellos.
“La violencia familiar ha subido a cifras estratosféricas y quienes padecen esto son los niños y las niñas”, lamentó.
La reforma establece el artículo 423: para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan a niños, niñas o adolescentes bajo su custodia o tutela, tendrán la facultad de orientarlos o educarlos mediante normas que, acorde con su edad, desarrollo cognitivo, afectivo social, del lenguaje, sensorial y motor, les permitan subsanar sus errores, sin vulnerar sus derechos a una vida libre de violencia, a su integridad personal, física, psíquica, emocional y sexual, estableciendo como prioridad la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes.
Los jueces y juezas tendrán la facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que las personas que tengan niños, niñas o adolescentes bajo su custodia o tutela, maltraten física, verbal, sexual, emocional o impongan cualquier medida correctiva que atente o vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tales medidas se tomarán a instancia de quien acredite un interés legítimo de parentesco o del ministerio público en todo caso.
“Debemos enfatizar que maltrato infantil es un atentado a los derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. A su vez, de conformidad con el Capítulo Octavo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de Violencia y a la Integridad Personal”, expusieron.
La iniciativa fue firmada por: Irma Ochoa, Sylvia Puente, Ana Leaños, Ana Ghio, Ángeles Barco, Cecilia Castaño, Fátima Sauceda, María Suárez, Melanie Rodríguez, Natalia Contreras, Nidya Rodríguez, Sonia Garza, Jesús Solis, José Zavala, Omar Salazar y Roberto Tovar.
Movimiento Ciudadano propone tipificar explotación financiera
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa de reforma para tipificar la explotación financiera en adultos mayores, al tiempo que las sanciones van de 10 mil a 50 mil pesos, así como cárcel de hasta cuatro años a quien cometa este delito.
En conferencia de prensa en el Congreso local, Gaona dijo que existen casos en los que los adultos mayores de 60 años, quienes reciben un salario o pensión, son víctimas de abuso económico por parte de sus propios familiares o empleados de instituciones financieras.
“Hay puntas en la vida del adulto mayor en los que obtiene ingresos que es el pago de su pensión mes a mes, y también el pago de aguinaldos, o bien, cuando retira una parte importante de la pensión que está permitida por ley, ahí es cuando hay un mayor aprovechamiento de diferentes personas”, manifestó Gaona.
También refirió que, en el núcleo familiar, es donde principalmente se reporta la violencia patrimonial en contra de las personas de la tercera edad.
En Nuevo León, enfatizó, en el año 2016, el 10.2 por ciento de la población mayor declaró haber sido víctima de algún tipo de maltrato por parte de algún familiar, según estimaciones de la ENCOVIPAM.
Gaona indicó que el desconocimiento tecnológico en finanzas personales también forma parte de las causas por las que los adultos mayores son víctima de abuso económico.
“Ese desconocimiento provoca que no le entiendan y que haya un aprovechamiento de mucha gente que precisamente está atentando contra la dignidad humana de nuestros adultos mayores y cometiendo una explotación financiera”, añadió.
De acuerdo con la iniciativa, Gaona planteó añadir un capítulo VI titulado explotación financiera que contiene el artículo 353 que tiene que ver con delitos contra el honor y la dignidad de las personas del Código Penal Estatal.
“(A quien) comete el delito (…) al que por cualquier acto u omisión controle, manipule, retenga o sustraiga los bienes económicos, salarios, pensiones, o ingresos de las percepciones de una persona adulta mayor de sesenta años y se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multas de cien a doscientas cuotas”, se lee en el documento.