Con 23 votos a favor los diputados locales aprobaron el dictamen de la Segunda Comisión de Hacienda y Presupuesto que permite la contratación de créditos fiscales tanto al gobierno del estado como a los 84 municipios.
El dictamen contiene el Decreto por el cual se autoriza al estado a través de la Secretaría de Finanzas Públicas y a 84 municipios del estado de Hidalgo para que, por conducto de representantes legalmente facultados, gestionen y contraten con la o las instituciones financieras o de crédito, integrantes del sistema financiero mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos de largo plazo.
Esto hasta por el monto, destino, plazos, condiciones, términos y características que en el financiamiento se establezcan, para que afecten como fuente de pago de los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como para que celebren los mecanismos de pago del o los financiamientos que contraten.
El presidente de la Segunda Comisión de Hacienda y Presupuesto, Octavio Magaña Soto, explicó que el Decreto del dictamen el estado y los municipios podrán contratar financiamiento afectando como fuente de pago, hasta el 25 por ciento de sus ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Estos financiamientos, dijo, serán destinados a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria en nuestro estado, en particular en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.
“Lo anterior sin dejar de observar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que establece los principios que rigen la responsabilidad hacendaria y financiera, por lo que en todo momento el estado y los municipios deberán asegurar una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, sin que puedan comprometer sus recursos más allá de la duración de la administración gubernamental respectiva”, sostuvo.
Puntualizó que se debe dar claridad a los procesos de control interno, transferencia y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios o lo relacionado con la inversión pública, con el fin de que el ejercicio de dichos recursos se haga con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, eficacia, máxima publicidad, pero sobre todo y más importante, al principio de transparencia.
Magaña Soto mencionó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Hidalgo presenta un grado de rezago social alto, ocupando la posición número seis respecto a las demás entidades federativas.
Del mismo modo, agregó, 24 municipios de la entidad presentan un grado medio o alto y 518 localidades con alto y muy alto grado de rezago social, “y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, Hidalgo cuenta con 42 Zonas de Atención Prioritaria Rurales y 179 Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, es necesario dotar a nuestros municipios de herramientas que les permitan hacer frente a sus necesidades y demandas sociales”.
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