Entre septiembre de 2021 y julio de 2022, en el primer año de ejercicio constitucional de la LXV legislatura del Congreso del estado, los diputados locales presentaron 24 iniciativas de reformas y adiciones a las leyes en materia indígena de las cuales solo tres fueron sido aprobadas en el Pleno y el resto continúa en análisis.
En tanto los tres legisladores que representan a la población indígena en el Congreso solo suman siete iniciativas en favor de este sector de la población y ninguno ha planteado la creación de una nueva ley paras las comunidades y pueblos originarios de la entidad.
El diputado de Morena por el distrito de Huejutla de Reyes, Fortunato González Islas presentó tres iniciativas de reforma; el diputado del Partido Nueva Alianza del distrito de San Felipe Orizatlán, José Noé Hernández Bravo, acumula dos, de las cuales una ha sido en solitario y la otra en conjunto con legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México; mientras que el diputado del Partido del Trabajo por el distrito de Ixmiquilpan, Edgar Hernández Dañu, suma dos iniciativas pero ambas en conjunto con diputados de Morena, Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados de las distintas fracciones parlamentarias y representaciones partidistas presentaron dos iniciativas materia indígena a la Constitución del estado, dos a la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, cuatro a la Ley Orgánica Municipal, dos a la Ley de Educación, dos a la Ley de Derechos y Cultura Indígena y dos a la Ley de Derechos Lingüísticos.
Así como reformas a la Ley de Salud, Ley de los Trabajadores al Servicio de los gobiernos estatal y municipales, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Obras Públicas y Servicios, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, Ley de Movilidad y Transporte y la
Ley de Derechos Humanos.
Las iniciativas han sido presentadas por diputados de las bancadas de Morena, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Acción Nacional y el representante del Partido de la Revolución Democrática.
Sin embargo, de todas las fracciones parlamentarias la del Revolucionario Institucional es la que suma la mayor cantidad número con nueve presentadas ante el Pleno del Congreso.
De las 24 iniciativas 23 de ellas han sido turnadas para su análisis y dictaminación a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Roberto Rico Ruiz y solo una a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que encabeza el diputado Jesús Osiris Leines Medécigo.
En los últimos diez meses solo se han aprobado en el Pleno tres iniciativas de reforma: una a la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, otra a la Ley de Salud y una más a la Ley de Educación.
La reforma a la Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable, presentada por los diputados de Partido Acción Nacional, Rodrigo Castillo Martínez y Silvia Sánchez García, incorpora el principio de equidad social como uno de los ejes sobre los cuales se debe llevar a cabo la planeación de la política agrícola del Estado, a fin garantizar la inclusión de campesinos, indígenas y pequeños productores.
En tanto, la reforma a la Ley de Educación, que presentó la diputada del Partido Nueva Alianza, María Adelaida Muñoz Jumilla, establece la impartición obligatoria del idioma inglés en los servicios de educación básica sin menoscabo de la enseñanza del español y de lenguas indígenas.
Los diputados también aprobaron la reforma a la Ley de Salud del estado de Hidalgo planteada los diputados Rodrigo Castillo y Silvia Sánchez la cual establece que en los hospitales generales y regionales del estado, que traten población indígena, se deberá garantizar, de manera progresiva, la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas náhuatl, hñahñu, otomí, tepehua, tenek y pame dentro de las áreas de atención médica y trabajo social que tenga conocimiento de su lengua y cultura, conforme a la población indígena que se atienda, a fin de que los indígenas, que no hablen suficientemente el español, puedan recibir la atención que requieren de manera óptima.
Sin embargo, en esta reforma, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al advertir que no se tomó en consideración que Hidalgo puede albergar a personas indígenas que hablan alguna lengua distinta al náhuatl, hñahñu, otomí, tepehua, tenek y pame.
Consideró que la reforma a la ley tiene por efecto invisibilizar a otros pueblos o comunidades originarios que forman parte de la diversidad étnica y cultural en México.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado litigará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.