En ‘fast track’, comisiones del Senado aprueban Ley de Juicio Político

La oposición anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad si no se modifican algunos puntos que calificó como “altamente peligrosos”.

La propuesta pasará al Pleno, donde también será discutida y, en su caso aprobada. (Cuartoscuro)
Silvia Arellano
Ciudad de México /

Morena impuso su mayoría en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda en el Senado para aprobar la nueva Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. El bloque opositor anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad si no se modifican en el Pleno algunos puntos que calificó como “altamente peligrosos”.

Esta ley obliga a los congresos locales a acatar las decisiones de desafueros de las cámaras de Senadores y Diputados, con el propósito de evitar el freno a estos procesos, como ocurrió con el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo congreso estatal evitó que se le despojara de la llamada inmunidad constitucional.

La legislación reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.

En su intervención, Damián Zepeda, senador del PAN, dijo que “en los términos que está anticipamos que el voto de nosotros va a ser en contra por no compartir que tengamos facultad hoy con una ley secundaria que va en contra de lo que dice el 111 constitucional. No se ve que se debe legislar así sobre las rodillas. Si insisten en llevar el tema, nosotros adelantamos el voto en contra y adelantamos que estaríamos buscando el consenso para juntar las firmas para impugnar esta ley por inconstitucional”.

En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, señaló que “de seguir así, esto seguirá el camino de una acción de inconstitucionalidad, sin ninguna duda, por todas las anomalías que presenta el dictamen”.

La norma actualiza, define y regula los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que han violentado “el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

De este modo, se podrán sancionar, destituir o incluso inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, incluyendo al Presidente, que incurran en violaciones graves a la Constitución, las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales.

​LP

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