Retirar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio, así como una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitación forman parte de las acciones que contiene la propuesta de la Ley Monzón, la cual fue presentada por diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva.
En Comisión Permanente del Congreso local, la legisladora ingresó dicha propuesta, misma que tiene su origen en el caso de la abogada activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el pasado 21 de mayo, cuyo el autor intelectual sería presuntamente su ex pareja y político Javier 'N', mismo que en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima.
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“Todos conocemos este caso que dejó no solo un vacío en la sociedad, sino en las organizaciones civiles, en las personas defensoras en derechos humanos, feministas y mujeres que recibieron su ayuda para salir de la violencia en la que vivían y ese el motivo de estas reformas que se presentan”, apuntó.
“Esta iniciativa va por ti @monzon_cecilia, y por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un feminicida, porque quienes nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes a quienes un cobarde feminicida ha dejado sin sus madres”, recribió la diputada en sus redes sociales.
La iniciativa de la diputada fue enviada a la Comisión de Procuración para su análisis y consiste en reformas y adiciones a los artículos 628, 629, 633 y 634 del Código Civil y los artículos 328 Bis, 338 Ter y 338 Quater del Código Penal.
Asimismo, Mónica Silva abundó que una de las consecuencias que generan este tipo de delitos son las víctimas indirectas, es decir, los hijos que en muchos de los casos son familiares del agresor.
De acuerdo con el dictamen, se agregaría un párrafo al artículo 338 BIS del Código Penal para castigar a quien dolosamente en el ejercicio de una función pública propicie, promueva o tolere la impunidad; así como omita, retarde o entorpezca la investigación, persecución y sanción del delito, lo cual se castigará con una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, se aplicará una multa de 500 a mil 500 días, es decir, 86 mil 435 a 259 mil 305 pesos y será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Del mismo modo, se agrega un párrafo al artículo 338 Ter para establecer que en el caso de que haya hijas o hijos con la víctima de feminicidio, el sujeto activo en su caso perderá sobre ellas y ellos la patria potestad, tutela, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias y el derecho de alimentos que le corresponde.
Para el 338 Quater, se contempla agregar que la pena de 50 a 70 años que ya se tiene a quien cometa este delito contra adultos mayores, con discapacidad o niños en Puebla, se aplicará en caso de que se cometa frente a cualquier víctima indirecta.
Las reformas al Código Civil en el artículo 628 proponen agregar la fracción I Bis para establecer que se pierde la patria potestad cuando el titular de ella sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 633, se agrega un párrafo para suspender los derechos a quien le sea dictado el auto de vinculación a proceso por este delito.
Por último, en el artículo 634 se propone que el juez puede, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional o definitiva.
Lo anterior aplicará para que quien la ejerce realice conductas reiteradas para evitar su convivencia con las personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma, o en su caso, cuando exista auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.
AFM