Monreal propone agregar impuesto a uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores

Esta propuesta es una forma de que estos productos sean menos accesibles a las personas menores de edad, al tiempo de corregir ciertas externalidades.

El senador busca dificultar el acceso a este tipo de productos, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos. (Pixabay)

Silvia Arellano

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley para regular e integrar un impuesto al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México.

Las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, la Ley General de Salud y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Materia de Control del Tabaco y de los Sistemas Alternativas de Combustión imponen los siguientes impuestos: 

  • Líquido para Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina: 2.50 pesos por mililitro.
  • Líquido para Sistemas Similares Sin Nicotina: 2.00 pesos por mililitro.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) refirió que este tipo de dispositivos son perjudiciales para la salud, puesto que no son inocuos. Entre los efectos asociados a su utilización, se encuentran daños al aparato respiratorio, al cardiovascular, al reproductor y en la cavidad oral. También, son perjudiciales durante el embarazo, provocan tumores y causan accidentes.

El legislador indicó que la evidencia ha demostrado que gravar los sistemas alternativos sin combustión es una manera de lograr que estos productos sean menos accesibles a las personas menores de edad, al tiempo de corregir ciertas externalidades.

Esta evidencia ha demostrado que establecer tasas impositivas a tales productos contribuyen a disminuir el consumo de tabaco, al mismo tiempo que ayudan a recaudar mayores ingresos.

Al mismo tiempo, recordó que en México opera un modelo prohibicionista sobre los llamados cigarros electrónicos y vaporizadores (vapeadores), el cual, lejos de contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco, ha incentivado el crecimiento de un mercado negro que impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad, dando pie a la manipulación de los dispositivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud.

El coordinador de Morena resaltó que actualmente existen más de 460 marcas diferentes de cigarrillos electrónicos en el mercado y su uso se ha incrementado en los últimos años, principalmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes, debido a los diseños novedosos, socialmente aceptados y que encubren el daño y la adicción que pueden causar.

Se espera que en 2021 a nivel mundial el número de usuarios de cigarrillos electrónicos alcance la cifra de 55 millones, lo que representaría un incremento de casi 35 por ciento en tan sólo tres años.

Según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, se estimó que en México existían más de 975 mil usuarios de cigarros electrónicos, mientras que más de 5 millones de personas probaron al menos una vez este tipo de dispositivos. Además, se prevé que en este año haya alrededor de un millón 400 mil 617 usuarios.

Consideró que resulta evidente la necesidad de establecer la distinción y clasificación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, toda vez que, al no ser productos derivados del tabaco, se cree que no causan afectación a la salud pública, ocasionando que cada vez más la población, desinformada, caiga en el consumo de estos productos.

Como parte de la regulación que propone Monreal, los cigarros electrónicos y vapeadores no podrían ser usados por menores de edad ni en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

De igual manera, se prohibiría realizar toda forma de patrocinio, promoción y publicidad de cualquier producto del tabaco y de los sistemas alternativos sin combustión en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, incluidas plataformas digitales y las redes sociales, que fomente la compra y el consumo de estos productos por parte de la población.

La propuesta pretende castigar con nueve años de prisión el contrabando, adulteración, falsificación, contaminación y alteración de cualquier sistema alternativo sin combustión.

LP​

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