Sin reformas constitucionales y con el aval de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, la bancada de Morena presentó el contenido de la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General que prevé arrancar con el proceso de designación del fiscal general en los próximos días y sacar las reformas constitucionales en el plazo de un año.
Acompañado por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo y Santiago Nieto Castillo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que todavía se harán las últimas consultas con senadores de su grupo y con las organizaciones sociales con la intención de presentarla en los próximos días.
Nieto Castillo y la ministra resaltaron que finalmente, después de 5 años de la reforma de 2014, por fin se tendrá una fiscalía que enfrente el crimen y los delitos de manera diferente, porque no será caso por caso, sino por fenómeno delictivo, además de que se tendrán equipos multidisciplinarios como policías, peritos, investigadores y otros especialistas.
Las organizaciones civiles encabezadas por Fundar, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros, manifestaron que se trata un gran esfuerzo para que en una ley orgánica se introduzcan elementos como los requisitos del fiscal; la creación de una fiscalía como la de Derechos Humanos que será el marco para comisiones especiales, como la Comisión de la Verdad; una fiscalía de asuntos internos.
Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, dijo que hay temas que preocupan como el ‘pase automático’ del personal de la PGR a la nueva fiscalía, que choca con otros artículos que prevén el personal de carrera, aunque serán temas que aborden con los legisladores antes de presentarse la iniciativa.
La iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República permitiría al próximo presidente Andrés Manuel López Obrador designar un fiscal general por 9 años sin reformas constitucionales, pero con el acompañamiento de un Consejo Ciudadano que tendrá voz, pero no voto.
La iniciativa da forma a la Comisión de la Verdad para investigar las desapariciones, al plantear la creación de “Comisiones Especiales” de carácter temporal para colaborar con las investigaciones de fenómenos y delitos, incluyendo aquellos que impliquen violaciones graves a los derechos humanos, que “tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición”, y que se podrán auxiliar de expertos internacionales.
Y aunque López Obrador ha hablado de amnistía, el proyecto de Ley de la Fiscalía General prevé que si bien habrá una “Estrategia de liquidación de casos” no habrá cierre para los que estén relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción.
Una vez aprobada la ley, el fiscal general contará con un plazo de un año para definir la “estrategia de transición” a partir de un inventario integral y diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario.
La iniciativa propone una “estrategia de liquidación” de casos que contemple el inventario de los que estén en trámite, su situación jurídica, la identificación de casos de alto impacto social y de violaciones graves a los derechos humanos que estarán a cargo de una unidad encargada de catalogarlos.
Respecto a la designación, Morena propondrá que los lineamientos estén contenidos en la ley y que el nombramiento se sujete al procedimiento y requisitos previstos en el artículo 102, apartado A, fracción IV de la Constitución.
El fiscal deberá acreditar ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años, tener trayectoria mínima y título de abogado por 10 años, no haber sido condenado por delito doloso, “tener buena reputación” y podrá ser removido por el presidente de la República y podrá suplirlo el coordinador general que se nombre.
También habrá un Consejo Técnico de la Fiscalía que será un órgano de consulta, integrado por 5 ciudadanos expertos en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos, que podrán emitir recomendaciones públicas, dar seguimiento al Plan de Persecución Penal.
La Fiscalía tendrá además las fiscalías de Derechos Humanos, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, Fiscal de Asuntos Internos y fiscalías especiales. El Fiscal podrá ser suplido por un coordinador general.
Plan de Transición
El fiscal designado por este mecanismo de Plan Estratégico de Transición deberá acreditar que goza de buena reputación y tiene un calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, que goza de honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.
El artículo 13 transitorio propone que “transcurrido un año a partir del nombramiento del Fiscal General, y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, el Fiscal General realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República”.
La convocatoria tiene por objeto identificar, discutir y formular las reformas constituciones, de la legislación secundaria y de las reformas regulatorias necesarias para la operación del modelo de la Fiscalía General.
OVM