La fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso una reforma al Código Penal Federal para otorgar la libertad anticipada a reos en casos especiales, a fin de solucionar el problema de la sobrepoblación en 172 centros penitenciarios, es decir, 60 por ciento del total.
Entre los reclusos que se beneficiarían con la reforma destacan los no sentenciados del fuero federal con más de diez años en prisión y que no hayan cometido delitos graves; adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, así como personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.
De igual forma, todo interno que haya sufrido tortura y ésta sea comprobada a través del protocolo de Estambul.
Por conducto del diputado Alejandro Viedma, la bancada morenista presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa orientada a atender las diversas problemáticas de legalidad y respeto a los derechos humanos al interior del sistema judicial penal y carcelario.
“Es imperante reflexionar sobre las circunstancias que se dan en los reclusorios del país, dado que el crecimiento de la población penitenciaria se ha concentrado en el sector de las personas en prisión preventiva sin condena en los últimos años”, puntualizó el legislador.
Subrayó que la iniciativa va en la misma dirección que lo anunciado anteriormente por el Ejecutivo Federal en esta materia.
El proyecto de reformas suscrito por Viedma plantea que, una vez cumplidos los requisitos, la autoridad competente contaría con un plazo no mayor a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o informar el resultado del trámite al imputado.
De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en marzo pasado se reportaba una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios, es decir 60 por ciento del total.
La cifra de presuntos culpables presos hasta febrero de este año ascendía a 92 mil 821, lo que equivale al 42 por ciento del total de la población reclusa.
Viedma advirtió que, en las 32 entidades federativas del país, los detenidos reportan algún tipo de tortura y van del 60 hasta el 85 por ciento.
“Esto debilita la confiabilidad del sistema penal mexicano, ya que la tortura o malos tratos están asociadas con confesiones involuntarias y testimonios forzados”, acusó el diputado federal.
LP