De nueva cuenta el Gobierno del Estado dejó sobre la mesa más dudas que certezas sobre su proyecto de cómo solucionar el tema del transporte público, al señalar ahora, a través del secretario de Gobierno, Manuel González Flores, que la mejor acción sería aplicar la ley y llevar a cabo una requisa.
Tras una reunión en un restaurante de la localidad con menos de diez diputados locales, la mayoría del Partido del Trabajo, a los cuales se les presentó el esquema financiero y técnico con el que busca el Estado lograr que el Congreso les autorice la adquisición de las unidades de transporte, González Flores destacó que tienen que ser "sensatos y prudentes en esta decisión".
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Y, aunque hace cinco días el funcionario estatal afirmó que con la decisión de tomar el control total del transporte público de pasajeros se ponía fin a una relación con los empresarios del ramo que en ocasiones fue "perversa" y "sadomasoquista", hoy enfatizó que no existe ningún rompimiento "ni mucho menos".
De igual forma, expresó, son alrededor de 6 mil millones de pesos el total del recurso que se destinaría para esta acción gubernamental, de los cuales solicitan autorización al Congreso de 4 mil 910 millones de pesos. Enfatizó, existen compromisos en fondos municipales que "hay que respetar".
González Flores detalló que dentro de las opciones legales que existen para dar seguimiento a su propuesta están la de la requisa, el de la compra mediante convenios y la expropiación, de los cuales reiteró la requisa sería el más apropiado.
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"Si fuese la requisa, la que nosotros recomendamos más en esto, sería como lo marca la ley, la publicación de un decreto donde se establece qué rutas, qué empresas, después de haberlo platicado con ellos, porque estamos en total trato con ellos, no es esto un rompimiento ni mucho menos.
"Nos vamos a sentar con cada uno de ellos para establecerlo, pero el procedimiento requisa es más sencillo, burocrática y administrativamente, porque nos lleva a un avalúo, practicado en no más de 90 días, y a una decisión llevada a cabo en no más de 120 días, por eso muy probablemente adoptemos ese sistema", puntualizó.
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"No nos vamos convencidos", señalan diputados
Tras la reunión, el diputado Jorge de León Fernández -a quien eligieron los legisladores para expresar su postura- aseguró que no están convencidos de la propuesta del Ejecutivo.
Debido a ello, enfatizó el priista, la propuesta estatal la siguen considerando como inviable.
"Lo que sí es un hecho es que, hasta este momento, se sigue considerando inviable la propuesta inicial. A este momento no podemos decir que nos vamos convencidos", destacó.
De León Fernández insistió, al final de la reunión, en que la propuesta que les presentaron esta mañana en un restaurante de la avenida Morones Prieto es "compleja en sí".
Dado que por un lado les hablan de requisa, por otro de un contrato de servicios, por otro más de un financiamiento hasta 2021, por lo cual aseguró para tomar una postura formal al respecto lo que se requiere es "mucho más análisis".
De igual forma, comentó a modo de explicar la inasistencia de legisladores, es que se encuentran en estos momentos en comisiones a causa de que el periodo ordinario está a menos de dos días de llegar a su fin. Y agregó existe la posibilidad de que se lleva a cabo un periodo extraordinario para ver el tema de la Ley de Movilidad y Transporte estatal, sobre la cual existen cuatro iniciativas.
Para esta primera reunión pública para analizar el tema de la propuesta del Ejecutivo estuvieron presentes, por el lado del Gobierno Estatal, el secretario general Manuel González Flores; el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital; el secretario de Finanzas y Tesorero, Carlos Alberto Garza Ibarra, entre otros, y por el lado del Legislativo la asistencia de menos de diez diputados, ninguno de ellos del partido Acción Nacional.
Ante ese escenario, González Flores aseguró que su labor y su responsabilidad seguirá siendo la de buscar a los diputados locales para analizar el tema.