La fracción del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para tipificar la violencia política contra las mujeres como delito electoral y sancionarla con una pena de entre seis meses y dos años de prisión.
Ello, después de que ese partido y otras fuerzas políticas en Chiapas fueron acusados de violencia de género por la renuncia de 51 regidoras y diputadas electas para ser sustituidas por hombres.
Al presentar la propuesta en la tribuna del Palacio de San Lázaro, el legislador y ex consejero electoral, Marco Antonio Gómez, aplaudió, incluso, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de atraer la investigación de esos casos.
En representación de su partido, el diputado condenó las acciones para coaccionar la renuncia de mujeres que han accedido a un cargo legítimamente ganado a través de la voluntad popular.
"No queremos más “Juanitas”, ni simulaciones. Estamos conscientes que la violencia política en razón de género está presente en nuestro país y de esa manera en nuestro grupo parlamentario asumimos el compromiso de legislar buscando su total eliminación, haciendo los cambios necesarios para ampliar la protección de los derechos políticos de las mujeres a través del establecimiento de mayores mecanismos de protección”, puntualizó Gómez.