El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Asael Hernández Cerón, dio a conocer que solicitará a la Secretaría de Finanzas Públicas una ampliación de presupuesto para el 2021, pues apuntó que la LXIV legislatura está obligada a realizar la consulta indígena y a personas con discapacidad en materia electoral y no se cuenta con recursos para ello.
Indicó que encargó al área administrativa del Congreso revisar cuánto se requiere para ambas consultas, las cuales –apuntó– deben quedar listas antes de marzo del próximo año.
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Para el ejercicio del 2021, los diputados locales aprobaron un presupuesto de 318.7 millones de pesos para el Poder Legislativo, el cual tuvo un incremento de 14.5 millones de pesos en comparación con lo ejercicio en 2020, sin embargo de acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno este aumento está destinado en su mayoría a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y las jubilaciones de trabajadores sindicalizados.
Hernández Cerón explicó que el recurso para las consultas no se contempló en el presupuesto del siguiente año porque no se tenía la orden del Poder Judicial de realizarlas, sin embargo apuntó que el mandato judicial ya está en el Congreso y se tiene que acatar.
“Tenemos que hacer las dos consultas, estamos obligados, por la cuestión de la pandemia se había venido deteniendo pero ya es una ordenanza del Poder Judicial que tenemos que cumplir con las dos consultas antes de marzo del 2021, la consulta para personas con discapacidad y la consulta indígena para lo cual vamos a tener que requerir recurso y se va a tener que hablar con la Secretaría de Finanzas”, sostuvo
En diciembre del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal en Pleno, invalidó diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo por falta de consulta a las comunidades indígenas de la entidad.
Esto tras considerar que en el respectivo proceso legislativo se violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, establecido en el Convenio número 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Asael Hernández mencionó que cuando el excoordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, Ricardo Raúl Baptista González, fue presidente de la Junta de Gobierno, la consulta que realizó a las comunidades indígenas le costó a la LXIV legislatura alrededor de tres millones de pesos, la cual fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Fue una consulta que no fue suficiente, no se atendieron las comunidades, ni siquiera el número de municipios que debieron de haberse atendido, solamente se hizo de manera distrital y no cumplió con las características que se requerían”, aseveró.
Ante ello adelantó que propondrá a los integrantes de la Junta de Gobierno que la consulta indígena y a personas con discapacidad la realicen empresas que se dedican a ello, “que sea a través de una empresa que tenga la capacidad para sacar adelante este trabajo y no caigamos en el mismo error que Baptista, quien trató de hacerla él con los recursos humanos del Congreso llevándola a cabo de manera directa desde la legislatura pero no se cumplió con todo”.