La fracción del PRI en la Cámara de Diputados acusó al gobierno federal de promover ilegalmente, por medio de los programas sociales, la consulta popular sobre el supuesto “juicio a los ex presidentes”.
El legislador y vocero de la bancada priista, Héctor Yunes, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría del Bienestar, distribuye de manera ilegal panfletos entre los beneficiarios de programas sociales para promover la consulta pública sobre el esclarecimiento de decisiones tomadas por actores políticos del pasado.
“La promoción que hace el gobierno es ilegal, pues de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, el INE tendrá a su cargo, exclusivamente, la difusión de la consulta popular. En otras palabras, ninguna autoridad federal, local o municipal podrá promocionar el mecanismo de democracia directa, por lo que el INE debe sancionar a quienes infrinjan este principio y garantizar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental”, puntualizó.
Yunes advirtió, además, que el gobierno pretende manipular la opinión de los ciudadanos al incluir en los panfletos las figuras de ex presidentes de México, cuando en realidad la consulta abre la posibilidad de investigar también a muchos funcionarios morenistas, entre ellos a quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Metro.
“Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas”, puntualizó.
Sostuvo que las referencias y afirmaciones sobre el enjuiciamiento de los ex presidentes son declaraciones tergiversadas para manipular a la ciudadanía.
En ese contexto, el grupo parlamentario del PRI subrayó que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie.
Por tanto, el gobierno gastará cientos de millones de pesos tan sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna, insistió.
La pregunta materia de la consulta popular del próximo 1 de agosto es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
LP