Endurecen sanciones de multas, cárcel e inhabilitación para policías y funcionarios del sector que utilicen su conocimiento, posición, adiestramiento y equipo para cometer hechos delictivos. Joaquín Hernández Correa, diputado del PAN, dio a conocer al pleno legislativo la propuesta, que fue avalada por 17 votos a favor y cuatro en contra.
La propuesta de Acción Nacional busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, de la Ley de Seguridad Pública de Tamaulipas y del Código Penal de Tamaulipas.
En los motivos destaca que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 contempla como eje de seguridad ciudadana la profesionalización de los cuerpos policiales, para atender las demandas de seguridad pública de la ciudadanía, también la disciplina, obediencia, justicia, ética y un alto sentido del honor.
Independientemente del número de casos que se registran en Tamaulipas y a nivel nacional en los que se documentan que policías y personal administrativo de las instituciones participan en hechos delictivos, el daño que causan a la sociedad se ve incrementado precisamente por la confianza que se deposita en ellos para el desempeño de sus cargos, con el objetivo de prevenir, vigilar y proteger a las personas contra cualquier acción criminal.
Por ello, dijo, se requiere agravar aquellas conductas delictivas que se cometan en el ejercicio de sus funciones.
Para contar con una policía profesionalizada se debe participar en concursos de promoción y procesos de evaluación curricular para ascender en la jerarquía inmediata superior.
Con el objetivo de seguir construyendo un Tamaulipas más fuerte y sólido en materia de seguridad se proponen mayores sanciones.
Las actuaciones y audiencia de desahogo de pruebas del Consejo de la Secretaría serán hábiles todas las horas y días del año que se encuentren dentro del procedimiento. Antes eran en días y horas hábiles.
Así quedarían las sanciones
Los responsables del delito de evasión de presos tendrán una sanción de 2 a 8 años de prisión y si la evasión se favorece por un servidor público en el desempeño de su cargo, se sancionará con la destitución de su empleo.
Sanciones de 6 a 14 años de prisión a los particulares que favorezcan la evasión de varias personas privadas de libertad por la autoridad competente.
Se aclara que si los responsables son servidores públicos y en el ejercicio de su cargo, se les inhabilitará por un periodo de 8 a 12 años y aumentará de un tercio hasta la mitad, cuando el delito sea por servidores públicos de las instituciones de seguridad.
También van contra quien fabrique, altere datos y medios de prueba para incriminar o exculpar a otro durante una investigación o durante el desarrollo de un proceso, utilice la violencia contra una persona para evitar que ésta o un tercero aporte datos o pruebas.
Así como pena de prisión de 4 a 10 años y de 100 a 150 veces el valor diario de las UMAS y se incrementará si es servidor público de las instituciones de seguridad.
EAS