La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) enviará este 13 de marzo de 2023 a los diputados del Congreso local, la iniciativa que contiene una serie de reformas para la constitución de un registro de personas agresoras sexuales y de personas violentadoras de género.
Lo anterior, mediante una iniciativa con proyecto de decreto con la que se impondrá como requisito en Hidalgo para ser funcionario público, el no estar inscrito en el registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género.
Con ello, se pretende cerrar paso a los inscritos en dicho registro, para que no puedan estar dentro de unidades administrativas u órganos de la Procuraduría de Justicia, ni como personal de la Secretaría de Educación Pública, docentes, trabajadores de la Secretaría de Salud, tanto en clínicas y hospitales como en oficinas, así como candidatos o aspirantes a cargos de elección popular y partidista pues será requisito de elegibilidad, de ser aprobadas las reformas.
“Es necesario realizar acciones contundentes que contribuyan a la disminución de la violencia de género en la entidad, para garantizar una vida libre de violencia a las niñas, adolescentes y mujeres, por ello, hoy planteamos de manera conjunta con diversas asociaciones de la sociedad civil, dentro de las que destacan la Asociación ‘Yo te creo’, y la diputada Vanesa Escalante Arroyo, la constitución de un Registro de personas Agresoras Sexuales con la vertiente de incorporar igualmente a las personas Violentadoras de Género”, menciona el texto de la iniciativa a la cual MILENIO tuvo acceso.
A nivel local en Hidalgo, el 20 de mayo de 2021, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó reformas a la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo, por las que se creó el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos.
Las reformas establecen que toda persona obligada al pago de pensión alimenticia mediante sentencia firme o convenio debidamente ratificado ante el juez de conocimiento que incumpla con la obligación de dar alimentos por un periodo de tres meses consecutivos o discontinuos en un año se constituirá en deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, formalice el descuento correspondiente.
“Consideramos que el estado debe usar todas las herramientas a su alcance para prevenir la comisión de nuevos delitos, de manera especial los que más laceran a la sociedad, como la violencia de género y el abuso infantil, resultando innegable, que sí existe una sentencia condenatoria por delitos sexuales o de género, esta información tiene que ser pública para prevenir la comisión de nuevos hechos delictivos y proteger el interés superior de la niñez”, explica el texto que está firmado por el encargado del Despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto Castillo.