La consejera Rita Bell López exhibió que ya son más de 100 empleados del INE que se han quedado sin trabajo, sin una justificación o un informe oficial a pesar de que se ha solicitado esa información a la Secretaría Ejecutiva, incluso con acusaciones de que se les está pidiendo que presenten su renuncia ante la llegada de nuevos directivos.
En la instalación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, la consejera Rita Bell López resaltó esta “legítima preocupación” por estos despidos masivos, pues señaló que no existe justificación para este número de afectados.
“Aprovecho para expresar mi solidaridad con las personas que en los últimos días han perdido su empleo en este instituto, es preocupante que decisiones con ese impacto no se sustenten en una base objetiva ni en una metodología clara o en un sistema sólido de evaluación que justifique la separación de un número considerable de personas que están renunciando o se les está pidiendo la renuncia”.
Estos cambios, van de la mano del cambio de titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que realizó en las últimas semanas la consejera presidenta Guadalupe Taddei, a donde han estado llegando asesores de algunos consejeros.
López Vences sostuvo que, además, las personas afectadas son personal técnico y especializado de todas las áreas, lo que genera mayor preocupación por la labor técnica del INE y la próxima elección federal y judicial.
“Considero importante que, en este sentido, se tome en cuenta esta preocupación, es muy lamentable que se continúe en estas condiciones, esto genera una legítima preocupación por las consecuencias que ello puede tener para el instituto, particularmente por la pérdida de experiencia, capacidades, años de formación acumulados en favor de la institución.
“En este sentido solicito que a la par, se puedan respetar los derechos laborales de quienes han sido afectados con esta decisión y el pronto pago por sus prestaciones pendientes, ojalá que se cubran a la brevedad y que el home office no sea un problema para ello”.
El representante de Morena ante esa comisión, Jaime Castañeda replicó a la consejera señalándole que su acusación implica actos ilegales si son como ella lo menciona, que es una posible presión al personal para pedirles renuncias voluntarias cuando se trata de despidos.
“Lo que comentó es bastante alarmante y grave, eso me lleva a la necesidad de hacerle esta pregunta, tiene la claridad de quiénes son o cuántos son las personas las que se les ha pedido la renuncia, porque esto es ilegal, una cosa es que renuncien o que se haya finiquitado su contrato es otra realidad, quisiera que pudiera aclararnos los términos en los que nos da estas declaraciones. Es muy delicado porque entonces en el instituto se está cometiendo una arbitrariedad al pedirle renuncias a las personas”.
Lo que la consejera reviró replicando que la propia Secretaría Ejecutiva confirmó de manera extraoficial que es un centenar de personas, aunque no ha entregado información detallada de los casos y las razones.
“En efecto, no tenemos información a la fecha, se han hecho preguntas de manera extraoficial a la secretaria que nos ha informado que son poco más de 100 personas, de la manera en que han entregado la renuncia, parece que el procedimiento es que han concluido algunos contratos y otras personas han entregado su renuncia, sin embargo de manera ayer había un comunicado de una asociación civil señalando que a algunas personas se les pidió su renuncia.
“Igual esto se hizo del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva y yo aprovecharía también para solicitar que podamos hacer esta petición y se nos rinda un informe de en qué condiciones se está finalizando la contratación de las personas”.
El consejero Arturo Chávez fue el único de la comisión en opinar sobre el tema, pero pidió que se esperara a que se les entregaran información oficial para no basarse en comunicados de redes sociales.
“Me parece importante que tengamos información institucional porque sabemos que comunicados y los abajo firmantes, hay muchos, entonces primero necesitamos información oficial, hacer un análisis de qué está pasando y si está dentro de la legalidad o no, los cambios que está llevando a cabo el instituto y cuáles serían las consecuencias subjetivas de esto”.
El representante de Morena no tuvo más comentarios tras confirmarle que la información fue consultada con la secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino quien detalló que ya sumaban 100 empleados afectados.
LG