No se logró frenar que violentadores ocupen cargos públicos, reconocen consejeras

La consejera Dania Ravel lamentó que las mujeres sigan sometidas al sistema patriarcal en el que se les “sanciona” por no ajustarse a los roles impuestos.

Córdova reconoció que hubo varios factores los cuales impidieron que la 3 de 3 tuviera el éxito esperado. (Andrés Lobato)
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

Las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistradas del Tribunal Electoral reconocieron que el “3 de 3 contra la violencia” no logró los resultados esperados ni garantizó que una persona que violente a las mujeres no pudiera ocupar un cargo público, por lo que buscarán reforzar esta medida para los próximos procesos electorales.

En el marco del el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, las consejeras del INE coincidieron en que un gran paso atrás fue la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual les ordenara devolverles las candidaturas a Ana Elizabeth Ayala Leyva y Manuel Guillermo Chapman, quienes como funcionarios de Ahome violentaron a mujeres y contaban con una denuncia firme por violencia política de género, y que ahora, ocupan una diputación por Morena.

La consejera Dania Ravel reiteró su inconformidad con esta sentencia y señaló que acciones como esta, llevan a que la tarea de proteger a las mujeres y garantizarles que participen en política sin violencia y en igualdad de condiciones “está lejos de ser un eco del pasado”, y lamentó que las mujeres sigan sometidas al sistema patriarcal en el que se les “sanciona” por no ajustarse a los roles impuestos.

“El criterio emitido por la Sala Superior fue el más perjudicial, pues consideró que el INE no tenía facultad para determinar si con una sentencia firme se perdía el modo honesto de vivir. Esto es preocupante porque las autoridades lo analizan en menos del 10 por ciento”.


Humphrey propone que partidos adopten 3 de 3 contra la violencia

Tal como lo advirtió desde el proceso electoral, la consejera Carla Humphrey, quien en ese momento ocupaba la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, señaló que por este tipo de medidas o el no haber revisado en su totalidad las 3 de 3 sino solo una muestra al azar, es que las medidas no generaron garantías para las mujeres.

“Esta sentencia obliga que las mujeres tenga que regresar a las instancias para pedir que se especifique este incidente porque no es un aspecto que las autoridades estén resolviendo. Con las medidas como están hoy, no podemos garantizar que una persona que ha violentado a la mujer no esté ocupando o no pueda ocupar un cargo público”.

Y propuso como una de las medidas que se deberían implementar para mejorar este proceso es que los partidos políticos adopten esta 3 de 3 contra la violencia, para que ninguna persona violentadora ocupe cargos dentro del partido y así, cuando las víctimas denuncien de manera interna, sus quejas tengan eco, soluciones y se evite su repetición.

La consejera Claudia Zavala sostuvo que la violencia no tiene por qué ser el costo que debamos pagar las mujeres para ejercer nuestros derechos y participar en política, mientras que la magistrada Mónica Soto defendió que la Sala Superior ha emitido varias sentencias a favor de las mujeres, pese a haber determinado que se les devolvieran registros a personas con sentencia por violencia de género porque esto solo le corresponde a la autoridad jurisdiccional y no a la administrativa.

“Ha quedado un compromiso de que se tendrá que revisar la totalidad de estos formatos y perfeccionar para el próximo proceso electoral”.

El consejero Lorenzo Córdova, quien participó en el arranque de este foro, señaló que existe un compromiso para avanzar en el análisis para que éstas medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género sean más efectivas.

Y reconoció en una postura “de autocrítica”, que hubo varios factores los cuales impidieron que la 3 de 3 tuviera el éxito esperado en el proceso electoral pasado.

“Y esto provocó una serie de inconformidades sobre el histórico compromiso del INE. Primero que el tiempo en el que adoptamos la decisión; segundo, que al ser una medida novedosa no contaba con las bases que permitieran solicitar de manera expedita información sobre personas sancionadas, y tercero, que no existían bases de datos confiables que sirvieran de referencia para dar o negar candidaturas”.

En los próximos días seguirán las charlas para escuchar también a los organismos y colectivas en defensa de los derechos de las mujeres, así como especialistas en violencia política de género para que las autoridades electorales implementen otras medidas que ayuden a erradicar este fenómeno en las campañas políticas y que permitan dar más espacios efectivos a las mujeres, como sucedió en el pasado proceso electoral con gubernaturas paritarias.

JLMR

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