Las tres consejerías bajo investigación por cómo votaron en el INE en 2021, podrían perder una bolsa de cinco millones de pesos de liquidación. Acusan que el Órgano Interno de Control tiene paralizado el asunto desde hace dos meses que se lo devolvió el Tribunal de Justicia Administrativa y que pareciera “un patrón de conducta contra funcionarios incómodos” el iniciar procedimientos injustificados para dañar sus derechos laborales.
El procedimiento que el Órgano Interno de Control decidió reabrir en contra de las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, y del consejero Jaime Rivera, así como de los ex consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, cuatro años después de que en 2021 lograran una mayoría 6-5 para pausar la organización de la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de presupuesto, sigue con retrasos injustificados.
El pasado 20 de enero, el OIC se limitó a responder a las consejeras Ravel y Zavala ante sus peticiones sobre el avance del proceso, que “se encontraba en análisis” y que una vez que el análisis concluya, los oficios “se remitirán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que continúe el trámite”, sin explicar el porqué no han avanzado desde noviembre.
Las implicaciones de esta parálisis para las tres consejerías que dejan su cargo el próximo 4 de abril tiene consecuencias más complejas, pues mientras tengan abierto un procedimiento administrativo, no tienen permitido recibir su liquidación que superaría los 1.6 millones de pesos que les correspondió los últimos consejeros que se fueron en 2023.
El consejero Jaime Rivera no dudó en señalar que la apertura inédita e injustificada de estos procedimientos hacia integrantes del Consejo General, comienza a parecer una práctica en el INE para personas considerados incómodos, pues ventiló que esto mismo se habría repetido con directivos de primer nivel que tuvieron que renunciar en 2023 con el cambio de la presidencia electoral.
“Hay que decir que varios de los funcionarios que renunciaron o hicieron renunciar en 2023, directores del INE, no han cobrado su liquidación porque han estado sujetos a procedimientos administrativos que los han prolongado, no sé si con esa intención, pero sí con el efecto de dañar sus derechos laborales.
“Parece que es un patrón de conducta que funcionarios del INE y ahora incluso consejeros del INE que pueden ser incómodos para alguien, le apliquen represalias de tipo administrativo, no lo sé, pero eso sería gravísimo”.
Las dos consejeras y el consejero afectado recordaron que después de que el Órgano Interno de Control, a cargo de Víctor Hugo Carvente, turnó el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa tras calificar su votación como una falta grave para que emitiera una sentencia que podría implicar hasta destituirlos o inhabilitarlos, pero éste se lo devolvió desde noviembre, ordenándole que primero se pronuncie sobre los escritos que no consideró.
Primero, el que presentó el artífice de las denuncias administrativas y penales, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien ahora se desistió. Aquí, el contralor del INE respondió que el morenista presentó su denuncia bajo el cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados, posición que ya no ocupa, por lo que la panista Kenia López Rabadán ratificó el desistimiento desde noviembre, pero tampoco hubo pronunciamiento.
El segundo documento es la petición oficial del INE para ser reconocido como tercero interesado en esta investigación, al tratarse de un asunto que trastoca la independencia del máximo órgano de decisión de esta autoridad autónoma, que es el Consejo General.
Sin embargo, el contralor Víctor Hugo Carvente ha ignorado responder al Tribunal de Justicia Administrativa sobre ambos documentos para que el proceso continúe.
“Lo que tenemos es un retraso en la administración de justicia porque lo que hizo ahora el Tribunal es una devolución del expediente al OIC para se pronuncie sobre dos escritos. Y ya no sabemos si sigue o continúa el tiempo legal previsto para resolver que son 60 días, que es también una garantía de seguridad jurídica que tenemos quienes somos procesados”, explicó la consejera Claudia Zavala.
La consejera Dania Ravel ha acudido personalmente en al menos tres ocasiones de diciembre a la fecha, para solicitar al OIC sin recibir una respuesta concreta, pero confirmando que ni siquiera han integrado los últimos oficios al expediente generando un retraso inexplicable.
“Cuando el asunto estaba en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya estaban corriendo los plazos y estimaba que para febrero tuviéramos una resolución, cuando devuelve el asunto al Órgano Interno de Control no le da ningún plazo para pronunciarse y simplemente ya no le corren los plazos al Tribunal porque ya no tiene el expediente, entonces la fecha está abierta”.
Prohibición para trabajar dos años en cualquier poder y riesgo de perder liquidación
Si antes del 4 de abril no está resuelvo el procedimiento contra Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala no podrán retirarse con el goce de sus derechos laborales de liquidación, lo que afecta su ámbito personal y derechos labores, pues este finiquito es una garantía ante la restricción legal que tienen para ocupar durante los dos años inmediatos cualquier cargo que implique una elección en la que se hayan visto involucrados.
Lo que, tras la elección judicial inédita, ahora implica que estarán bloqueados en los tres Poderes de la Unión en cualquier nivel, pues organizaron la elección del Poder Legislativo, del Ejecutivo y ahora también del Judicial, además de las de los tres niveles también en todo el país.
“Los que hemos sido consejeros o directores ejecutivos tienen prohibido trabajar en un gobierno en cuya elección hayan participado, es una restricción que a mí me parece correcta, que un consejero electoral o un director ejecutivo no vaya a ser premiado con un puesto en un gobierno en cuya elección participó.
“Pero eso significa que una vez que termina sus servicios tiene algunas restricciones para trabajar en otra parte, como puede ser un gobierno en cuya elección haya participado y eso no es lo que ocurre a otro tipo de funcionarios en casi ninguna parte”, señaló el consejero Jaime Rivera.
Mientras la consejera Ravel insistió en que, además, esto afecta en su imagen pública al acusarlos de irregularidades o incumplimientos a su deber de responsabilidades administrativas, cuando lo que hicieron fue ejercer su obligación constitucional de emitir resoluciones sobre procesos electorales, en lo que no tiene competencia el OIC.
“Esta tardanza se convierte en una denegación de justicia porque simplemente nosotros no tenemos certeza de nuestra situación jurídica, que está perjudicando nuestra imagen pública y el impacto particular para las tres consejerías que vamos a dejar el Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver con recursos humanos porque mientras exista abierto un procedimiento de responsabilidad administrativa, no se nos puede dar la liquidación que por derecho nos corresponde.
“Tenemos un impedimento constitucional de dos años para incorporarnos en cualquiera de los poderes en los que hayamos organizado elección, lo que ahora implica los tres Poderes porque ya realizamos también la elección judicial, no podríamos trabajar en ningún Poder”.
Si persiste retraso, analizarán otras rutas jurídicas
La consejera Claudia Zavala consideró que deberán analizar de qué forma darle celeridad a los tiempo, pues en cualquier juzgado ya se habría resuelto un caso como este.
“Le voy a pedir a mis abogados que vayan a revisar y que veamos un camino para la excitativa de justicia, no puede ser que resolver sobre dos escritos se tarde tanto tiempo, en los juzgados esto sería impensable. Es importante que se le dé celeridad”.
Dania Ravel agregó que todo el proceso se ha caracterizado por acciones anormales e injustificadas.
“Tendría qué revisar con mis abogados qué podemos hacer porque no es habitual que se devuelva un expediente al OIC. Para mí sí es preocupante porque se convierte en una denegación de justicia ante la tardanza en el pronunciamiento en el acuerdo, incluso ya de dos desistimientos de quien era y quien ahora preside la Cámara de Diputados, no encuentro yo una justificación jurídica”.
Jaime Rivera señaló que el Tribunal de Justicia Administrativa tampoco debió devolver el asunto, sino hacerse cargo y resolverlo directamente con un desechamiento, si detectó que la labor del OIC estaba incompleta.
“Al OIC le corresponde pronunciarse sobre los desistimientos, pero el Tribunal, según la ley, tiene facultades para resolver y podría haber resuelto fácilmente la improcedencia de esa queja y del procedimiento administrativo, por la primerísima razón de que el OIC es incompetente en materia electoral, con eso bastaba para decidir declararlo improcedente o incluso desechar. El Tribunal no quiso resolver o no lo sé.
“¿Qué espero yo? pues espero que el OIC resuelva de inmediato y debería dar una explicación, por derecho a la información tiene el deber de informar en qué punto está el asunto y por qué”.
IOGE