La primera consulta popular para decidir si se aprueba o se rechaza iniciar juicios en contra de los expresidentes de México no fue del todo satisfactoria, por lo menos en el estado de Tlaxcala.
La gente acudió a cuenta gotas en las casillas instaladas en cada una de las regiones del estado de Tlaxcala, se esperaba una participación masiva como en la pasada elección, pero los resultados no se vieron reflejados.
En municipios como San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, San Cosme Mazatecochco, Acuamanala, Xiloxoxtla, Teolocholco y algunos de la zona sur la gente acudió, pero no con mucha afluencia.
En otro orden de ideas, la Consulta Popular no es un ejercicio democrático, sino un show que no tiene credibilidad, más aún cuando las leyes ya están escritas y no están a discusión, reprochó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio Cesar Pérez González.
“La consulta es un show, no puedes someter a opinión de la gente si castigas o no a quien se enriqueció ilícitamente, las leyes están escritas y si el presidente de México tiene todas las pruebas, solo tiene que hacer uso de sus instituciones para castigar a quienes hayan hecho mal uso del puesto que les confirió el pueblo”.
En la consulta popular que se desarrolló el 1 de agosto tuvo un costo de 522 millones de pesos para instalar 57 mil casillas en todo el país, los ciudadanos optaron por marcar sí o no a la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?.
El cómputo de los resultados por parte del INE se hará 72 horas después de los resultados en los distritos y posteriormente se dará a conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Solo por mencionar, en imágenes que circulan sobre algunas boletas, se observó que en algunos casos fueron utilizadas como una forma de sacar a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Bienestar.
AFM