La manera en que está estructura la iniciativa de ley para modificar el esquema de outsourcing en México podría afectar a la generación de empleos, ante una falta de claridad en el concepto de “servicios especializados” que plantea la propuesta de ley.
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El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, señaló que la iniciativa tiene como objetivo erradicar esquemas que afectan los derechos laborales, lo cual es justificable, pero sugiere que, en lugar de una nueva ley, se debería de ir contra aquellas empresas que propician el esquema de outsourcing “simulado”.
“Consideramos que la autoridad cuenta con elementos informativos, provenientes de los mismos contribuyentes, como para poder determinar la posibilidad de permitir la operación de empresas de outsourcing puros y actuar contra las de ‘simulación’, para evitar impactar en todas aquellas actividades que, por su naturaleza económica y jurídica, no forman parte de este objetivo”, recomendó.
El organismo mencionó que la iniciativa es muy acertada, siempre y cuando la intención sea solo erradicar esquemas que afectan los derechos laborales, pero este propósito no puede ir más allá de esta relación.
Resaltó que la poca claridad con que se define al concepto “servicios especializados” es uno de los factores que más afectan, vinculando la responsabilidad laboral de los trabajadores del contratista, es decir, este tercero con el cliente.
Los contadores refirieron que es entendible que se desee respetar el Reparto de Utilidades entre los trabajadores de las empresas (PTU), combatiendo a esquemas que no lo pagaban, pero puede ser más efectivo si la iniciativa buscara redefinir este concepto para convertirlo en un concepto que promueva la competitividad empresarial, incluso a nivel internacional, y la eficiencia de los trabajadores.
E incluso, el instituto subrayó la conveniencia de otorgar un plazo de transición, una vez que sea aprobada dicha ley, para dar tiempo suficiente a las empresas a contratar personal y evitar un aumento en el desempleo, así como gestionar las autorizaciones correspondientes, en su caso.
De no realizarse las aclaraciones pertinentes, también pudieran verse afectados derechos fundamentales, que afectarán la inversión y desatarían procesos de amparos.