Más de 100 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), informó tras celebrar su comparecencia el titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, de ellas 42 versaron en desvío de recursos públicos extraordinarios y al menos 29 más por otros motivos, pero ninguno de ellos se puede vincular contra el ex gobernador del estado y actual embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses.
Estafa Siniestra
El funcionario estatal reconoció que ningún señalamiento puede vincularse al ex mandatario estatal debido a “que no firmó ningún documento”, por lo cual se centraron en indagar a presidencias municipales, sus titulares, así como ex funcionarios públicos que signaron estos documentos, aunque no detalló nombres de éstos, algunos ya detenidos por su participación en la llamada “estafa siniestra”.
Pese a esto, señaló Bardales Ramírez, se logró vincular al menos a 15 empresas inmiscuidas en estos casos, 15 denuncias en total; aunque no se ha logrado una recuperación de recursos de estas personas físicas o morales, pero que sí “se prestaron a hacer esa irregularidad”.
La investigación, apuntó, lleva un proceso, el cual puede tener una duración general puede durar hasta cuatro años, “pero primero investigamos primero a funcionarios y después a empresas, tenemos 49 denuncias derivadas de la auditoría al gasto público extraordinario, otras 29 denuncias por otros motivos o situaciones distintas, pero son complementarias, sumamos más de 100 denuncias ante la PGJEH, por ejemplo, se una persona se ostentaba como director general de una secretaría sin tener nombramiento, ostentó un puesto público que no tenía y fue de septiembre/octubre del año pasado.
“Aquellos servidores públicos en dos nóminas, que no es por cobro de dinero, sino dejar de hacer las responsabilidades en las que estaba inmerso el servidor público; así como funcionarios de esta administración y que iniciamos procedimientos de responsabilidades administrativas, puedo dar ejemplos como la entrega de apoyos económicos y no hizo recuperación efectiva del dinero, todo lo que corresponde a obra pública es responsabilidad de Contraloría”.
Bardales Ramírez detalló que estos casos de funcionarios de la actual administración son tres casos, además del gasto de recursos extraordinarios se obtuvo responsabilidades a 10 presidentes municipales, en cinco dependencias y órganos desconcentrados, principalmente desvío de recursos determinados como infracción.
De la auditoría a estos recursos extraordinarios se presentaron denuncias por dos mil 200 millones de pesos, de lo cual se recuperó un monto de 194 millones de pesos, en diferentes actuaciones, refirió el contralor estatal, pero con la recuperación de otros recursos por otros conceptos suman 253 millones 852 mil 293 pesos recuperado en dinero en efectivo: 185 millones de pesos en 2023, nueve millones de pesos más en 2024; así como 59 millones de pesos más en este año, pero que no corresponden a estos recursos extraordinarios, además de la recuperación de cinco inmuebles.
Comparecencia
El titular de la Secretaría de Contraloría del Estado, Álvaro Bardales, presentó su segundo informe de actividades ante el pleno de la LXVI Legislatura del Congreso local. Durante su mensaje, destacó los avances en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
El servidor público enfatizó la importancia de la función preventiva, y describió las acciones implementadas para fomentar una cultura de integridad en la gestión pública.
Durante dos años de gestión, se presentaron 71 denuncias penales por desvío de recursos en contra de proveedores y exfuncionarios de diversas dependencias y ayuntamientos, con un monto total que supera los 2 mil 200 millones de pesos.
En el informe se resaltó que, en los últimos dos meses, fueron presentadas 16 denuncias relacionadas con la mala ejecución de obras públicas en diez municipios, principalmente en proyectos de infraestructura hídrica y carreteras.
La Contraloría emitió 152 resoluciones sancionatorias e investigó responsabilidades administrativas graves, iniciando 29 procedimientos que fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa. A lo largo de su gestión, se revisaron más de mil 73 expedientes, lo que resultó en la baja de 455 proveedores y 480 contratistas.
Además, fue establecido el “Buzón Digital” para facilitar el acceso a la información y la denuncia de actos de corrupción, atención inadecuada, abuso de poder, discriminación, obras públicas deficientes y el mal uso de los programas sociales.
Bardales afirmó que Hidalgo se ha convertido en un referente nacional en la vigilancia de la obra pública y la participación ciudadana, gracias a la colaboración activa de más de 11 mil 600 ciudadanos en 3 mil 49 comités de Contraloría Social.
El informe también incluyó un enfoque en la capacitación de servidores públicos, con más de 50 mil participantes, en jornadas de formación, con lo que se da cuenta de la importancia de la profesionalización y la ética en la función pública.
“Julio Menchaca encabeza un gobierno honesto, honrado, sin nepotismo, corrupción ni impunidad. En este segundo informe de gobierno, demuestra que se cimienta las bases anticorrupción y buen gobierno que garantizan que no va a regresar el régimen de corrupción, impunidad y de privilegios, la guía que nos instruye siempre es la honradez, lealtad y la honestidad”, manifestó el secretario.
En ese sentido, Bardales mencionó que el gobierno del Estado continúa fortaleciendo las acciones para garantizar un manejo transparente de los recursos públicos y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones; y concluyó enfatizando que la lucha contra la impunidad es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de la sociedad.