Contraloría de Hidalgo mantiene indagatorias por desvío de recursos públicos

*Se tienen al menos seis denuncias más, detalló el titular del área estatal Álvaro Bardales Ramírez

Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo. (Jorge Sánchez)
Pachuca /

La investigación por el posible desvío de recursos públicos durante la anterior administración encabezada por el ex gobernador, Omar Fayad Meneses, mantiene su curso y podría involucrar a seis entes públicos más, informó el titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo Álvaro Bardales Ramírez.

 

Pese a que omitió detalle de estas indagatorias, derivado del proceso que se debe seguir ante las autoridades jurisdiccionales, el funcionario estatal sí adelantó que se trata de al menos cuatro Secretarías del Ejecutivo local, así como dos organismos descentralizados, quienes reflejan operaciones similares a las de la denominada “estafa siniestra” con el uso de empresas fachada.

 

Bardales Ramírez prefirió no comentar si existe relación entre estas nuevas indagatorias y las que ya se desarrollan e incluyen a diversos ayuntamientos, pero sí reconoció la coincidencia de algunos proveedores contratados que ya fueron detectados como empresas fachada para efectuar desvío de recursos públicos en la entidad, “no se puede asegurar, en algún caso hay coincidencia, pero no nos corresponde llegar a esa profundidad, esa investigación le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), nosotros sólo presentamos las denuncias”.

 

Igualmente, añadió el contralor de Hidalgo, todas las empresas irregulares dentro del padrón de proveedores del estado fueron investigados, “todos los domicilios que señalamos ubicados en Hidalgo son domicilio fachada, no son abiertos al públicos qué den servicios o que ofrezcan servicio para el cual se contrató, y se no encontró a ninguno de éstos”.

 

Por ello, apuntó Álvaro Bardales, hasta el momento se cuenta con cerca de 15 proveedores que fueron dados de baja del padrón, suspendidos del mismo, por mantener esta relación con un posible delito de malversación de recursos públicos, esto no sólo para evitar que más entes de gobierno adquieran sus servicios o productos, sino que se desarrollen las indagatorias de forma adecuada por parte de las autoridades jurisdiccionales. 

  • Teodoro Santos

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