La Secretaría de Contraloría de Hidalgo reportó a MILENIO un listado de 273 servidores públicos sancionados derivado de un procedimiento administrativo; sanciones que van desde una amonestación pública, inhabilitación e incluso sanciones económicas impuestas por desvío de recursos, peculado y cohecho.
Pese a esto la dependencia estatal informó sobre el pago de sólo 291 mil 450.57 pesos por sanciones impuestas a cuatro personas ex servidoras públicas, entre las cuales destaca el ex presidente municipal de Pachuca, Eleazar Eduardo García Sánchez, por el delito de peculado, lo cual resultó en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de tres años cuatro meses, es decir del seis de marzo de 2024 al seis de julio de 2027; y una sanción económica de mil 227.6 pesos, lo cual se establece en el expediente 157/2024 emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pachuca de Soto.
En contraste, Melina Hernández Baños, quien estuvo adscrita al Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, reflejó la inhabilitación por 11 años, del 12 de enero del 2024 al 12 de enero de 2035; y una multa de 221 mil 700.23 pesos, por incurrir en desvío de recursos, conforme lo establece el expediente DGR/005/2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
Igualmente, Denisse Ordónez Osorio, del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, refleja una inhabilitación por 12 años, del 12 de enero de 2024 al 12 de enero de 2036; y una sanción económica de 64 mil 178.74 por incurrir en desvío de recursos públicos, conforme al expediente DGR/005/2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
Finalmente, Roberto Carlos Ramírez Ramírez, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a quien se le impuso una inhabilitación por un año, del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo del 2025; y una sanción económica por cuatro mil 344 pesos, conforme lo establece el expediente C.I./PGJH/P.R.A./2018-21 de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
Padrón de Proveedores
A principios de julio, la Secretaría de Contraloría, anunció el inicio de la segunda etapa para depurar el Padrón de Proveedores, como parte de los esfuerzos continuos que se llevan a cabo para eliminar “empresas fachada” y fortalecer con ello la transparencia en las contrataciones públicas.
Actualmente, de los 6 mil 941 registros iniciales, se reporta que 301 proveedores fueron dados de baja, mientras que 268 están cancelados por cinco años, y 3 suspendidos por 2 años, lo cual da un total de 6 mil 373 registros vigentes.
Durante el año en curso, la dependencia lleva 286 visitas físicas a los domicilios fiscales de los proveedores registrados, con el objetivo de verificar la existencia física de los establecimientos, así como la veracidad de las especialidades autorizadas y la accesibilidad al público en general.
De las últimas 115 verificaciones realizadas como muestra representativa, se obtuvieron resultados reveladores: 3 domicilios fiscales no fueron localizados, 9 diligencias fueron atendidas por personas distintas al titular o representante legal, 39 proveedores no estaban presentes en su domicilio fiscal declarado, un proveedor no pudo acreditar las especialidades autorizadas, 2 proveedores acreditaron parcialmente las especialidades y 61 proveedores cumplieron con todos los requisitos verificados.
Estos resultados muestran que aproximadamente 47% de los proveedores revisados presentan alguna irregularidad, principalmente relacionada con la localización de los domicilios fiscales declarados o la falta de acreditación de las especialidades autorizadas.
Al respecto, el titular de Secretaría de Contraloría aseguró: “Es crucial intensificar nuestras medidas para erradicar cualquier presunto acto de corrupción en el Padrón de Proveedores", afirmó, además agregó que "Nuestro objetivo es integrar un padrón íntegro que asegure que todas las empresas contratadas cumplan con los requisitos legales y operativos necesarios".
Las acciones de depuración continuarán conforme se implementen medidas más estrictas y se refuerzan los controles, con el objetivo de garantizar que solo aquellos proveedores que cumplan con los más altos estándares éticos y legales continúen como parte del padrón estatal.
Inspeccionan a empresas
También la Contraloría informó que se ha dado comienzo a una serie de visitas de inspección a empresas que reciben apoyo financiero del Fondo para el Desarrollo Económico y la Competitividad, administrado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo.
Estas inspecciones se realizan con el objetivo de asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera adecuada y conforme a los fines previstos. La dependencia subraya la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos para mantener la confianza de la ciudadanía.
Durante las revisiones, se evalúa que cada gasto esté debidamente justificado y documentado. Esto permite a los interesados comprender cómo se utilizan los fondos y verificar si los gastos cumplen con los objetivos específicos del programa social.
El contralor estatal, Álvaro Bardales, destacó que estas inspecciones forman parte de un sistema preventivo para combatir la corrupción y fomentar una cultura de denuncia y sanción de conductas irregulares. El objetivo es detectar señales de alerta y prácticas dudosas que puedan indicar actividades corruptas, a fin de que se intervenga de manera temprana para prevenir daños mayores.
Los investigados
Las visitas de inspección se centraron en cuatro empresas prioritarias, seleccionadas por el monto del recurso asignado, así como su impacto social y económico. Las empresas y los fondos recibidos por ellas son los siguientes: Fábrica de Artesanías de Concha de Abulón del Barrio del Nith de Ixmiquilpan: 2 millones 468 mil 934 pesos, destinados a la compra de maquinaria e insumos.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con un millón 556 mil 582 pesos, para infraestructura y ampliación del inmueble.
Hospital Privado del Estado de Hidalgo AC, con un millón 989 mil 600 pesos asignados a capacitación especializada.
Y por último la empresa Pasteko con 2 millones 400 mil pesos para la adquisición de una cámara de refrigeración.
Durante las inspecciones, se revisaron diversos aspectos clave, entre ellos el cumplimiento de normativas legales y directrices específicas, así como el respeto a los términos y condiciones establecidos en los contratos correspondientes.
La Secretaría de Contraloría adelantó continuará con las revisiones, visitas e inspecciones para garantizar que los fondos sean utilizados de manera adecuada y que los resultados obtenidos sean acordes a los objetivos establecidos.