La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo presentó 50 denuncias relacionadas con irregularidades en obras públicas y administraciones municipales salientes, de las cuales 17 corresponden a casos específicos detectados en infraestructura y 33 fueron promovidas por ayuntamientos contra las gestiones anteriores, con acompañamiento de la dependencia estatal.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del cuarto informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, el secretario Álvaro Bardales Ramírez informó que las inspecciones permitieron detectar alrededor de 400 irregularidades físicas relevantes en obras públicas, ante las cuales se aplicaron medidas correctivas, reparaciones o garantías.
“En cuanto a las 15 mil obras que tenemos, son 3 mil obras que hacen los municipios, 700 que hacemos nosotros y sí hemos presentado 17 denuncias de esas obras”, explicó al responder a los legisladores. Entre los casos mencionó el parque de la ciudad de Tulancingo, que recibió una inversión y nunca abrió; bulevares de Aviación, en Huejutla; carreteras en Apan y avenidas en Tula.
Respecto a las otras 33 denuncias, Bardales precisó que fueron presentadas contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obras públicas, con la participación y el acompañamiento de la Contraloría. “Las denuncias las presentaron los ayuntamientos, los asambleístas, pero nosotros tuvimos el acompañamiento de ellos en 33 casos y fueron presentadas”, señaló.
La dependencia reportó más de 10 mil 416 inspecciones y alrededor de 400 irregularidades físicas relevantes. No todas derivaron en denuncias penales, pues algunas se atendieron mediante correcciones, reconstrucciones o garantías. “La comunidad tiene derecho a recibir la obra por la que pagó con la calidad comprometida”, sostuvo el funcionario.
La revisión también alcanzó al padrón de proveedores y contratistas del gobierno estatal. Bardales informó que fueron depurados cerca de 7 mil registros irregulares, incluidos 570 contratistas y más de mil 600 proveedores dados de baja, además de 123 cancelaciones adicionales por incumplimientos normativos.
El secretario explicó que las bajas respondieron a domicilios fiscales inexistentes o no acreditados, falta de capacidad técnica y empresas que incumplieron contratos de obra pública. “Lo primero que nosotros hicimos es ir a hacer una inspección física a cada uno de los domicilios y si los domicilios no están acreditados, si no tenemos la certeza del domicilio, sencillamente los llamábamos y pedíamos la aclaración. Si no los encontrábamos, ese era el motivo de la baja o de la inhabilitación”, afirmó.
Entre las irregularidades detectadas, dijo, había compañías sin trabajadores afiliados al Seguro Social ni maquinaria para ejecutar las obras contratadas, así como empresas señaladas por facturar operaciones simuladas. “Si un contratista falla en una obra pública, no existe la obra o tiene deficiencias, pues había que darlo de baja, había que suspenderlo, había que inhabilitarlo”, sostuvo.
Bardales aseguró que las bajas han sido compensadas con nuevas incorporaciones y que la revisión busca impedir que empresas sin capacidad o imposibles de localizar obtengan contratos públicos. La Contraloría también revisa los procedimientos de contratación de municipios, dependencias y organismos, donde ha encontrado casos de adjudicaciones directas en lugar de licitaciones públicas.
Como parte de la supervisión, la dependencia revisó más de 10 mil bases de procedimientos de contratación y más de mil 600 expedientes para verificar domicilios fiscales. El objetivo, afirmó el funcionario, es contar con un padrón confiable y garantizar que las empresas contratadas existan y puedan cumplir con las obligaciones adquiridas ante el gobierno.