Por primera vez en la historia, la Contraloría legislativa revisará la evolución patrimonial de quienes actualmente se desempeñan como alcaldes, regidores y síndicos, para evitar casos de enriquecimiento ilícito en su paso por el servicio público, informó el contralor, Juan José Hernández Vences, luego de indicar que sólo están esperando que les autoricen más personal para esta tarea.
En entrevista indicó que el departamento de evolución patrimonial está conformado por cuatro personas, quienes ya revisan todo lo relacionado con el Poder Legislativo, por lo cual pidieron a el área de Administración les autorice cuatro plazas más y un espacio para que puedan llevar a cabo sus labores y las autoridades de elección popular en los municipios sean vigilado.
En promedio existen mil 200 personas como titulares de las regidurías, sindicaturas y presidencias municipales en los 125 ayuntamientos. Al ser funcionarios de elección popular quedan bajo la lupa del Poder Legislativo que empezará a poner más atención de lo que sucede en los municipios, para evitar actos de corrupción y daños a la hacienda pública.
Todavía les falta definir el porcentaje de declaraciones que van a revisar, pero esperan que sea más de 10 por ciento, bajo el mismo mecanismo que se hace con el Legislativo, a través de una tómbola, en todas las áreas, pues sería imposible hacer un análisis de la totalidad de casos.
Lo mismo se hace con las manifestaciones de bienes que se presentan en el Poder Legislativo, diputados, diputadas, asesores, funcionarios y personal operativo. En este caso, desde hace algunos años revisan por tómbola a 8 por ciento del personal de seguridad, asesores, diputaciones, entre otros, sin que hasta el momento hayan encontrado faltas graves, sólo errores en la captura de la información, donde se les fue un cero de más o pequeñas diferencias entre los ingresos y egresos.
Presentó declaración 99.8 por ciento
Este año, indicó Juan José Hernández, cumplieron con la manifestación de bienes 99.8 por ciento de todos los sujetos obligados del Poder Legislativo, integrado por un total de 2 mil 426 servidores públicos, únicamente faltaron cinco personas que se desempeñan como asesores de las y los diputados, a quienes les van a mandar un requerimiento para que cumplan en menos de un mes.
Si no lo hacen se les va a iniciar un procedimiento y serán sancionados por no haberla presentado. El castigo depende si ya son reincidentes y va desde una amonestación pública o privada hasta la inhabilitación o destitución del cargo, por lo menos tres meses.
En las siguientes semanas van a hacer la tómbola para seleccionar los casos que serán sujetos a una evolución patrimonial de los últimos tres años, pues esa información la tienen de manera electrónica y será más sencillo acceder a ella.
Por ley se pueden revisar hasta siete años en casos de delitos graves y tres años en delitos que no son graves, pero lo harán sólo por tres años y a menos que sea necesario investigar más atrás ampliarán el periodo.
Las evoluciones no son rápidas porque deben hacer peticiones a la Comisión Nacional Bancaria y al Instituto de la Función Registral (IFREM) para que les informen de más propiedades a su nombre o de sus familiares cercanos. Cuando hay indicios que existen bienes en otra entidades o países, hacen las peticiones correspondientes.
El año pasado encontraron que una persona tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos, por lo cual pidieron datos y cuando les fueron entregados pudieron concluir la investigación.
PNMO