Señala CNDH violaciones con reformas penales en Querétaro por covid-19

La CNDH ya trabaja en una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Penal de Querétaro, para combatir este tipo de políticas que criminalizan a la sociedad en el periodo de la pandemia.

Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro. (Especial)
Alma Paola Wong
Ciudad de México /

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que las modificaciones recién aprobadas al código penal del estado de Querétaro que aumentaron las sanciones en diversos delitos frente a la pandemia por covid-19, pueden vulnerar los derechos y libertades de las personas, en especial, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, y manifestación, y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal.

Ante esto, el organismo autónomo informó que ya prepara un escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de esos cambios normativos, con lo que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invalide las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas, el cual será presentando una vez que las reformas sean publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de dicho estado.

A finales de abril, el Congreso de Querétaro aprobó diversas reformas al código penal del estado, con las que se aumentaron sanciones de tipo penal en diversos delitos y se reformaron delitos como el de resistencia a la autoridad, impedir ejecución de una obra o trabajos públicos, entre otros, así como sanciones a quienes agredan al personal del sistema de salud pública o privada, atención a emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos.

A través de un comunicado, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que en estos momentos de emergencia sanitaria se establezcan medidas para proteger el derecho a la salud, sin que ello implique desproteger otros derechos fundamentales, ya que todos tienen la misma importancia, por lo que deben tutelarse en todo momento.

“De igual modo, se exhorta a no emplear el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, privilegiando otros instrumentos más efectivos y menos represores”, finalizó.

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