Al destacar que las personas contagiadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad covid-19 no se aíslan ni cumplen los protocolos de confinamiento poniendo en riesgo la salud de la población, el diputado independiente Edgar Sánchez Garza, propuso una modificación al Código Penal del Estado para imponer de tres meses a tres años de prisión y multa a quien con conocimiento de padecer una enfermedad transmisible ponga a otro en peligro de contagio.
“Por otro lado, les comento, un fenómeno que está ocurriendo diariamente en los diferentes estados de la República, es el hecho que personas contagiadas de covid-19, no se aíslan como lo estipula las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno, por el contrario salen a las calles a realizar compras o para hacer actividades recreativas, poniendo en riesgo la salud de las demás personas”, destacó.
Por ello, propone una modificación al artículo 216 del Código Penal del estado, en el que se imponen de tres meses a tres años de prisión y de cien a cuatrocientas unidades de medida como multa. Si el sujeto pasivo es menor de dieciocho años o mayor de 60 años, la pena máxima de prisión se incrementará a 5 años además de la multa; y el delito se perseguirá por querella de la víctima.
“Es importante poner atención en garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la entidad, y si una persona no acata las indicaciones de los médicos es necesario establecer medidas ya que pone en alto riesgo a la población en general”, consideró.
Insistió que esta iniciativa pretende que los ciudadanos que sean portadores de un virus transmisible, rompiendo de manera dolosa el aislamiento con el fin de esparcir la enfermedad, serán acreedores a una sanción.
“En otras, palabras lo que significa lo anterior, es que las personas que sean conscientes de tener el virus denominado covid-19 y sigan acudiendo a sus centros de trabajo o realicen actividades de manera común, cometerán un delito”, advirtió.
“Seguramente se preguntarán que la propuesta como la que hoy se plantea pudiera ser violatoria de derechos humanos, pero déjenme les comento que no es así, pues por encima de todo ello se encuentra el bien colectivo y en este caso particular donde nos encontramos frente a una pandemia de las magnitudes por las que estamos atravesando a nivel mundial”, añadió.
Finalmente mencionó que estas consideraciones legales ya se ha establecido recientemente en otros estados de la República como Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, y Puebla, entre otros.
EGO