Los gobiernos de Campeche, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala no tienen aún un micrositio que concentre la información pública gubernamental sobre la situación del coronavirus covid-19 en su entidad en un solo punto dentro de su página web y los ciudadanos tiene que buscar en distintas páginas los datos relevantes del tema.
Así lo advirtieron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, las cuales aseguraron que “en momentos de emergencia es vital concentrar y publicar la información relevante en un solo sitio, tanto para facilitar al ciudadano la identificación de información objetiva, como para reducir riesgos de corrupción en el manejo de los recursos públicos utilizados”.
Estas dos organizaciones ciudadanas instalaron el 23 de marzo pasado un mecanismo de seguimiento a los planes, fondos, programas y acciones que cada entidad ha desplegado para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
“Se trata de un esfuerzo a nivel nacional para identificar y clasificar las diferentes respuestas de los Gobiernos estatales y el Gobierno Federal ante la emergencia sanitaria”, explicaron las organizaciones ciudadanas en un comunicado.
El monitoreo arrojó también que los gobiernos de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no han publicado en sus sitios web oficiales documentación sobre las estadísticas actualizadas de las consecuencias que ha dejado el covid-19 en sus entidades, como contagios, muertes y recuperaciones.
En esta iniciativa, ambas agrupaciones colaboran con organizaciones civiles y sociales de todo el país, además del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción y algunos CPC de los sistemas estatales.
De acuerdo con el monitoreo que han realizado, de esas 13 entidades que no han publicado en su sitio web la información actualizada sobre el impacto de la epidemia en la salud de sus habitantes, en algunos casos sólo vinculan a la página de la Secretaría de Salud federal y en otros sólo se incluyen videos informativos donde se mencionan las estadísticas.
Las organizaciones exhortaron a las autoridades federal y estatales a publicar las bases de datos completas, e idealmente, en formato de datos abiertos.
Encontraron que sólo 15 entidades federativas (47%) publican información en sus páginas web oficiales sobre los programas y acciones que se utilizarán para atender las consecuencias económicas y sociales de la emergencia.
La información sobre el soporte legal (decretos o acuerdos, entre otros) solo ha sido publicada por los gobiernos de 7 estados (22%).
Y solo tres estados del país publican en su página web información sobre los recursos económicos y financieros que se destinarán a la emergencia.
En 27 de las 32 entidades federativas (84%), sus gobiernos publican en su sitio web las líneas de emergencia e información sobre los cuidados que deben tener las personas y comunidades.
La información sobre los planes anunciados para enfrentar la emergencia solo está disponible en 14 estados (44%); esto significa que 18 estados del país todavía no publican en sus sitios web información sobre los planes que han anunciado para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
Transparencia Mexicana y Tojil explicaron que los gobiernos deben habilitar sitios web o micrositios que concentren en una sola plataforma oficial información sobre: bases de datos de estadística pública sobre casos, contagios, decesos y recuperaciones, así como líneas de emergencia y acciones de cuidado; además, los planes para enfrentar la emergencia y sus consecuencias económicas y sociales.
Debe ser pública y accesible la relación completa de los programas y acciones que las autoridades estatales emprenderán, así como las reglas de operación o las convocatorias públicas, consideraron.
El soporte legal para los planes, programas y acciones (acuerdos y decretos, entre otros) y el presupuesto detallado sobre el origen y destino de los recursos utilizados y por usar durante la emergencia y al enfrentar sus consecuencias económicas y sociales también debe ser información accesible y pública.
“En cumplimiento de lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información debe publicarse en formatos que eviten discriminación y aseguren la pertinencia cultural, es decir, en lenguas indígenas cuando sea el caso y en formatos accesibles para las personas con alguna discapacidad”, añadieron.
jlmr