Organizaciones de la sociedad civil que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) pidieron a los titulares de las secretarías de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, transparentar el número de fideicomisos que serán extinguidos y los motivos técnicos de la elección de los mismos, así como el destino de los recursos que de ellos saldrán, que tendrían ser utilizados para afrontar la crisis por el coronavirus covid-19.
En una carta firmada por al menos 13 organizaciones, entre ellas, Transparencia Mexicana, Ethos, Fundar, México Evalúa, Equis Justicia para las Mujeres, Articulo 19 y GESOC, entre otras, expresaron que como parte del Cuarto Plan de Acción de la AGA, se estableció el compromiso, identificado como el número 9, de monitorear y vigilar el uso de los fideicomisos, para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?
La AGA es un acuerdo de trabajo conjunto entre organizaciones de ciudadanos e instituciones del gobierno federal; dicha colaboración fue replanteada este año, después de que en 2017 las organizaciones de la sociedad civil abandonaron la alianza tras acusaciones de espionaje por parte del gobierno federal encabezada por Enrique Peña Nieto.
Ante el decreto presidencial del 2 de abril, en el que se ordena extinguir los fideicomisos públicos, mandatos y análogos, consideraron que es necesario actualizar ese acuerdo para ampliar la exigencia de transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos que se van a extinguir y adaptar el compromiso a la nueva realidad.
Por ello, opinaron que “se deben realizar ajustes a los tiempos y actividades en la ruta de trabajo” del compromiso 9.
Esos ajustes incluyen publicar el 15 de abril el listado de fideicomisos que se extinguirán, en formato de datos abiertos y acompañados de una explicación técnica que informe de la fecha estimada para su extinción y una infográfica y/o en formato digital, así como la publicación de los estados financieros de los fideicomisos que sean extinguidos.
Además, precisar en el informe trimestral de la SHCP, relativo a fideicomisos, información como: el nombre del fideicomiso a extinguir, el objeto que tenía, los estados financieros, el porcentaje de avance de sus objetivos, una clave de su proceso de extinción, porcentaje de avance de la extinción, observaciones relacionadas con el proceso, condiciones de disponibilidad, fecha aproximada de extinción, oportunidades de monitoreo social y el nombre y cargo del funcionario responsable de la extinción de cada uno de ellos.
Asimismo, solicitaron la creación de un micrositio que informe del uso y destino de los recursos que de allí saldrán y que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación.
También opinaron que a los fideicomisos que queden activos, se les debe dar seguimiento para su extinción futura.
En su documento recordaron que se presume la extinción de 281 fideicomisos, que equivalen al 88.9 por ciento de los instrumentos que actualmente existen, pero pidieron replantear “el universo de fideicomisos elegidos para el diagnóstico, considerando que algunos de ellos podrían ser extinguidos conforme al decreto presidencial”.
jlmr