En medio de la emergencia sanitaria por covid-19, el Ministro en retiro, José Ramón Cossío dijo que si bien no es deseable un estado de excepción en el país, la Constitución Mexicana sí permite que ante momentos extraordinarios se establezca un decreto fuerte y cuidadosamente elaborado de suspensión de derechos.
El constitucionalista sostuvo que con la pandemia del coronavirus se está viviendo un momento extraordinario e, históricamente, en momentos extraordinarios, los órdenes jurídicos han tenido mecanismos para tratar de preservar un bien común: la colectividad.
Al dictar la conferencia inaugural “Aspectos legales de incidencia constitucional ante la emergencia sanitaria”, en el seminario en línea ‘El Derecho frente a la pandemia del covid-19’, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Cossío detalló que el mayor recurso que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para enfrentar un momento extraordinario como esta crisis es la suspensión de derechos y garantías, prevista en el artículo 29, que se renovó recientemente para permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación controle la dimensión de las medidas.
“Este recurso permanece sin usarse y veo que no es una intención, y por el momento tampoco yo lo desearía, que se utilizara”, señaló.
No obstante, tras hacer una reflexión sobre la manera confusa en que se han establecido lineamientos entre federación y estados ante la pandemia, recordó que la única manera de ordenar una crisis de la magnitud del covid-19 es a través de las normas jurídicas.
“Si las cosas se ponen muy mal esta semana, a lo mejor sí tendríamos que ir pensando ya en un decreto fuerte, bien hecho, no precipitado, de suspensión de derechos”, indicó.
Explicó que si bien el Congreso de la Unión estará en periodo ordinario de sesiones hasta el 30 de abril, para después entrar en receso, la Comisión Permanente le puede autorizar al Presidente de la República la suspensión de derechos.
“Tendría que hacerse un decreto con una ingeniería constitucional finísima; qué derechos sí, qué derechos no; por qué estos sí, por qué estos no”, detalló.
Una segunda medida ante una situación crítica como la pandemia, abundó, es que se tiene un conjunto de órganos sanitarios (previstos en la fracción 16 del artículo 73), que son el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud.
Ante una enfermedad como el coronavirus, Cossío detalló que el Consejo puede determinar y tomar cierto tipo de acciones, y complementarlas con la acción de la Secretaría.
Un ejemplo de esto fue cuando el Consejo declaró que el covid-19 era una enfermedad de atención prioritaria (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo), y a partir de esta decisión la Secretaría tiene la competencia de establecer la acción extraordinaria en materia de salubridad.
Con base en esta determinación, una de las primeras acciones extraordinarias emitidas por la secretaría fue distinguir qué personas no están en condición de riesgo; y quiénes están en mayor condición de riesgo, entre éstas: las mayores de 60 años y quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas y comorbilidades, como diabetes, obesidad mórbida, hipertensión y fallas renales.
Cossío dijo que aunque a las personas, estén en condición de riesgo o no, se les exhorta a adoptar medidas de restricción y de resguardo, en realidad no hay una condición coactiva, ni hay una posibilidad, de acuerdo con el decreto, de sancionar personas; porque solo se habla del plano de las recomendaciones, no de la imposición de obligaciones.
Respecto de los centros hospitalarios, dijo, se estableció que se les iban a dar las medidas e instrucciones para que reconvirtieran su operación normal de atención a enfermedades propias de nuestro tiempo, a las que tienen que ver específicamente con covid-19. Y se dijo que las entidades federativas y el resto de los actores de los servicios del sistema nacional de salud (el sector público, el privado y el social), tendrían que tomar medidas para hacer esa reconversión y tener capacidad hospitalaria.
No obstante que las medidas están bien, Cossío consideró que tienen un defecto.
“Otra vez se dice: vamos a hacer, vamos a instruirles, vamos a crear, es decir, que en lugar de mencionar cuáles van a ser los lineamientos, lo deseable es ver esos lineamientos, sobre todo considerando que en esta semana empezó el pico pandémico.
“Si yo fuera gobernador de una entidad federativa, o si yo fuera director de un sistema hospitalario local o inclusive director de un hospital, lo que debiera ver es qué quiere en esta acción sanitaria unificada la federación, como órgano rector, que haga; no que me diga qué me va a decir en el futuro que va a suceder. Dígame cuáles son los lineamientos para que yo ajuste mi sistema hospitalario a lo que está sucediendo”, recalcó.
Para Cossío, la relación de la federación con los estados se está comprometiendo, porque debió haberse expedido no sólo la idea de que se van a emitir los lineamientos, sino la totalidad puntual y precisa de lo que se quería que se hiciera por parte de los gobernadores, en materia epidémica; y también en cuanto a libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de comercio.
“Libertades que pudieran estar comprometidas dada la manera en la que se quiere en todo el mundo, no sólo en México, enfrentar o contender con la pandemia”, indicó.
El Ministro en retiro insistió que en este momento de la pandemia del coronavirus conviene rescatar el poder del derecho, como el único medio para ordenar la vida social.
“Es momento de tomarnos al derecho en serio. Cuando hagamos un decreto, que el decreto diga lo que tiene que decir; que dirigido a quien tiene que ir, que establezca las conductas, los tiempos, los modos, la sanción. Que no sean disparos al aire, que no sigamos perdiendo el tiempo; porque se nos está viniendo el tiempo encima”, finalizó.